Entre el IFT —que también quedaría inoperante, ante la omisión legislativa de nombrar a tres comisionados— y el Inai está el órgano autónomo más débil
Entre los órganos autónomos, el Inai era el único que despediría a sus siete integrantes originales antes de que concluyera el sexenio lopezobradorista. Francisco Javier Acuña Llamas concluirá dentro de 12 semanas el periodo de ocho años para el que fue designado y será el último de los comisionados de ese ente —responsable de garantizar el acceso a la información gubernamental—nombrados por el Senado de la República en el 2014.
El diseño institucional de esas instancias, pactado por los partidos políticos en el seno del Pacto por México, dispone una renovación escalonada de los siete espacios en el pleno del Inai pero con la Cuarta Transformación se ha visto deliberadamente interrumpida.
Los primeros comisionados en concluir su mandato fueron Patricia Kurczyn y Joel Salas, en marzo del 2020, pero sus reemplazos —Norma Julieta del Río y Adrián Alcalá—fueron electos con siete meses de retraso. Y los dos nuevos comisionados que reemplazarían a Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov no han sido electos, luego de 10 meses.
La inminente salida de Acuña Llamas —quien fue el primer presidente del INAI— representa el principal riesgo para ese órgano, en el corto plazo. Y es que la legislación vigente establece un quórum mínimo para sesionar de cinco comisionados.
Completar esas tres vacantes sería una de las primeras tareas para resolver en el arranque del próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara Alta. La Junta de Coordinación Política, encabezada por el senador morenista Ricardo Monreal Ávila, tendría que iniciar a la brevedad el proceso para elegir al sustituto de Acuña Llamas, cuyo mandato expira el próximo 31 de marzo.
La Ley vigente otorga hasta 60 días, anteriores al término de los comisionados salientes, para iniciar el proceso de relevo y como ha quedado demostrado en dos ocasiones anteriores, el Senado no tiene un plazo perentorio para concluirlo. Incluso, cualquier designación de ese tipo está sujeta al veto presidencial.
Justo hace 10 meses, la Junta de Coordinación Política expidió la convocatoria para elegir dos nuevos comisionados del Inai. Las comisiones unidas Anticorrupción y Justicia admitieron el registro de 48 aspirantes, cuyos integrantes debían entregar el dictamen con los candidatos elegibles, a más tardar el 1 de abril. Las quintetas, empero, no han llegado al pleno ante la falta de acuerdos entre Morena y el resto de las fuerzas políticas.
Ante el impasse y para aliviar la carga de trabajo, el Inai contrató a los dos comisionados salientes —quienes pasaron siete años en el pleno— y distribuyó el personal de sus ponencias equitativamente en las cinco vigentes. Las áreas administrativas que controlaban, por el contrario, estuvieron sujetas a un reparto discrecional.
Entre el IFT —que también quedaría inoperante, ante la omisión legislativa de nombrar a tres comisionados— y el Inai está el órgano autónomo más débil.
Ambas instituciones han sufrido continuos embates desde el Ejecutivo federal. El Inai, definió el presidente López Obrador “nació para ser un parapeto, para simular que hay transparencia en el país. Es un organismo del conservadurismo corrupto… ni qué pensar de que saldrán cosas buenas de allí”.
Desconocidos para la mayoría de la población, sin resultados contundentes, los comisionados del Inai han incurrido —cada vez con más frecuencia— con una peligrosa politización en la aplicación de la Ley. Para la Cuarta Transformación, las políticas de transparencia y acceso a la información aplicadas por el Inai resultan un obstáculo para las operaciones gubernamentales y la cultura institucional.
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