¿Y por qué la ex funcionaria autorizó u ordenó la ilegal cremación del cuerpo del ex rector y de qué responsabilidad penal es imputable al servicio médico forense?
A mes y medio de que el colectivo Guerreros Buscadores denunció lo que describió como un “campo de exterminio” del Cártel Jalisco Nueva Generación, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha informado en al menos tres ocasiones acerca de lo que él define como un “campo de entrenamiento” de la organización criminal.
Pese a las evidencias y a sus propias admisiones de que en el sitio fueron hallados restos humanos “calcinados” que justifican la definición de “campo de exterminio”, desde un principio la idea fue rechazada tajantemente por la presidenta Claudia Sheinbaum y lo mismo hace hoy la Fiscalía.
De ahí que las buscadoras pidan a la mandataria que se revise y reconsidere la conclusión sobre el sitio en que durante cuatro-cinco años, sin que durante el obradorato alguien se diera cuenta, fueron capacitados nuevos cuadros de homicidas.
Una de las primeras consecuencias de la investigación federal ocurrió este fin de semana con la detención del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, de Movimiento Ciudadano, por su probable vinculación con el ya célebre Izaguirre Ranch.
Como sea, Gertz Manero ha informado sobre el caso destapado hace mes y medio, pero no ha vuelto a hablar de los dos asesinatos cometidos hace casi 10 meses en una propiedad de Joaquín Guzmán López la mañana en que tendió una celada a Ismael El Mayo Zambada para secuestrarlo y entregarlo en Estados Unidos a las autoridades de ese país.
Según la versión de Zambada que la Fiscalía viene confirmando, el chapito convocó al capo para que mediara entre Héctor Melesio Cuén y el gobernador Rubén Rocha Moya, ambos ex rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la disputa que libraban por el nombramiento de las nuevas autoridades en esa casa de estudios.
La FGR corroboró que la narcofiscalía de Sinaloa, encabezada entonces por Sara Bruna Quiñónez, fabricó una versión videograbada del supuesto asesinato de Cuén, asegurando que fue de noche, en una gasolinera, inventando que los homicidas le quisieron robar su camioneta.
Atrapada en la mentira, la señora terminó por renunciar y el Congreso estatal nombró en su lugar a la vicefiscal regional Claudia Zulema Sánchez.
La realidad, sin embargo, es que el ex rector había sido asesinado en la casa de Guzmán López poco antes del mediodía junto con su jefe de escoltas y comandante judicial estatal en funciones José Rosario Heras López, y también probablemente el guardaespaldas Rodolfo Cháidez, quienes entraron a la casa con Zambada mientras dos más se quedaron esperando afuera y al parecer huyeron a tiempo.
En apoyo a la ex narcofiscal Sara Bruna, ¿cuántos de sus subordinados habrán participado en el montaje de la mentirosa circunstancia en que Cuén fue victimado?
¿Y por qué la ex funcionaria autorizó u ordenó la ilegal cremación del cuerpo del ex rector y de qué responsabilidad penal es imputable al servicio médico forense?
Sobre la del apapachado gobernador Rocha Moya, ya ni preguntar…
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