Ante la suspicacia de quienes hablan por los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, sobre un tercer peritaje en el basurero de Cocula, ya va siendo tarde para que el gobierno de Enrique Peña Nieto se asegure, pero en chinga, de garantizar la preservación (aunque sea más de un año después) del sitio que … Continued
Ante la suspicacia de quienes hablan por los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, sobre un tercer peritaje en el basurero de Cocula, ya va siendo tarde para que el gobierno de Enrique Peña Nieto se asegure, pero en chinga, de garantizar la preservación (aunque sea más de un año después) del sitio que un sospechosista niega que sea donde los cuerpos fueron puestos al fuego.
(El peritaje de José Luis Torero parte del error de suponer que fueron cremados o incinerados, de lo que solo quedarían cenizas y pedazos ínfimos de huesos, en vez de quemados hasta, como lo evidencian miles de fragmentos, su carbonización.)
Del rigor por preservar no pueden ufanarse las procuradurías.
Por eso la relevancia del anunciado nuevo peritaje con expertos de cinco países acordado con Carlos Beristáin y Francisco Cox, del Grupo Independiente, y de la propia CIDH.
La insistencia en que los padres lo impedirán si la Comisión Interamericana no lo respalda (¡ya lo hizo!) incita a los necios y parece azuzar a la destrucción de la detestable, pero muy probable, escena del crimen…
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