Un refuerzo necesario, tras de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) formulara una serie de observaciones —¡hace seis años!— por deficiencias en la aplicación de medidas preventivas y de supervisión
La fracción XII Ter del artículo tercero de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita incorpora una nueva definición de riesgo.
“Es la probabilidad de que las operaciones vulnerables puedan ser utilizadas para llevar actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos relacionados con éstos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento”.
Ayer, a las 14:55 horas, la Cámara de Diputados recibió el proyecto de decreto de la reforma, sancionada por el Senado de la República. La normativa fue reformada para fortalecer los mecanismos institucionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, asegurar la estabilidad del sistema financiero y la salud de la economía nacional.
Un refuerzo necesario, tras de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) formulara una serie de observaciones —¡hace seis años!— por deficiencias en la aplicación de medidas preventivas y de supervisión.
En cuanto las reformas entren en vigor, la Secretaría de Hacienda deberá emitir un reglamento de la Ley para —entre otras cosas— habilitar un sistema electrónico para dar de alta y otorgar registro a quienes realicen las actividades vulnerables.
El retraso en el desahogo de la agenda legislativa ha frenado la adecuación de la también llamada Ley Antilavado. En el dictamen de la iniciativa, fueron eliminados dos propuestas: que en sus postulados iniciales se incluyera entre sus objetivos la prevención y detección del financiamiento al terrorismo, además de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que en el Código Penal Federal se incorporara en el listado de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas, el delito de financiamiento al terrorismo y su encubrimiento.
Del Código solo se reformó el artículo 400 Bis, que ahora tendrá un párrafo III, para facultar al Ministerio Público para investigar a las instituciones del sistema financiero y para ejercer la acción penal, se requerirá la denuncia de la Secretaría de Hacienda, quien tendrá el carácter de víctima u ofendida.
Estas reformas buscan asegurar la efectividad del sistema mediante la imposición de sanciones proporcionales y disuasivas, incluyendo la revocación de permisos para quienes realicen actividades vulnerables y no cumplan con sus obligaciones de prevención.
Se incluyen sanciones para quienes incumplan con las obligaciones de reporte y prevención, incluyendo la revocación de permisos para actividades vulnerables como juegos y sorteos, blindaje y traslado de dinero.
Efectos secundarios
INTERVENCIÓN. “Intercam está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes, como lo hemos hecho siempre”, aseguraba la directiva del banco, tras de ser boletinado como fuente de preocupación en materia de lavado de dinero por la Secretaría del Tesoro. Menos de 24 horas pasaron para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunciara que tomará control temporalmente de los órganos administrativos y la representación legal de esa institución y de CIBanco. Dicha intervención gerencial —justificó la autoridad regulatoria— busca salvaguardar los derechos de sus clientes y ahorradores. Y la Asociación Mexicana de Bancos considero que estas situaciones no representan un “riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero”.
REACCIÓN. Sergio Aguayo declinó la dirección del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, pero aceptó integrarse al Consejo Consultivo del CIDE. La primera línea de resistencia a su designación se trazó desde la directiva de la institución académica. José Antonio Romero Tellaeche hizo pública su impugnación al nombramiento, firmado por la secretaria Rosaura Ruiz, y también por la remoción “anticipada e ilegal” de Felipe Ávila Espinosa como consejero de CIDE, que le fue notificada por un funcionario de tercer nivel de la subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación por instrucciones de Juan Luis Díaz de León.
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