Ante el resultado, los partidos políticos establecieron acuerdos que abonarán a los próximos trabajos
Contra la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, y el secretario de servicios administrativos, Mauricio Farah Gebara, habían cargado sus baterías los senadores panistas. Insatisfechos con las explicaciones de ambos funcionarios al espionajegate y luego de seis días sin sesiones en el Pleno, la crisis de confianza amagaba con paralizar otra semana a la Cámara Alta.
La agenda legislativa es abultada. En cartera, iniciativas para resolver la amnistía a primodelincuentes, la eliminación del fuero —incluso al presidente— y las nuevas reglas que determinarán las remuneraciones de la alta burocracia. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, concedió que los encargados de recursos materiales, audio y digitalización del recinto legislativo respondieran directamente a cuestionamientos de senadores de todas las fuerzas políticas.
Entre ellos, algunos empleados del Senado que vienen desde la casona de Xicoténcatl y otros que estuvieron presentes, cuando fueron instalados los sistemas de comunicación. Los micrófonos siempre estuvieron ahí, pero nunca fueron conectados.
Ante el resultado, los partidos políticos establecieron acuerdos que abonarán a los próximos trabajos. La primera petición fue que se removieron todos los micrófonos colocados a lo largo del recinto para ser auditados y analizados, y verificar que los equipos se encuentren limpios. Además, solicitaron un código de ética para que los trabajadores de las senadoras y senadores no intervengan en redes sociales agraviando a otros legisladores. También exhortaron a la FGR a que acelere la investigación; y argumentaron que todas las reacciones fueron de carácter político y que la certeza se encontraba dentro de las carpetas presentadas en dicha reunión.
Los legisladores de las distintas fuerzas políticas han quedado sujetos a actuar con prudencia y buena fe. Dentro de la mayoría morenista, empero, los equilibrios son precarios. Una facción minoritaria —en la que estarían Ana Lilia Rivera, Napoleón Gómez Urrutia, Germán Martínez y Martí Batres— se ha apartado del respaldo que el resto de la bancada dio a los acuerdos alcanzados entre sindicalistas, líderes empresariales y altos funcionarios de la administración federal en la “mesa de alto nivel”, que deberán verse reflejados en el dictamen sobre outsourcing.
El diferendo entre los legisladores morenistas —que ha permeado a los medios— sólo contribuyó a posponer la resolución de ese tema. Igual pasó con el dictamen sobre la nueva regulación para el uso de los derivados del cannabis. Ambos asuntos entrarían a la agenda legislativa hasta finales del mes.
La presidenta de la Cámara Alta, Mónica Fernández Balboa, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una extensión del plazo para cumplir los efectos de la sentencia judicial. El plazo concluye justo dentro de tres semanas.
Ni outsourcing ni cannabis están en la lista de prioridades de la Cuarta Transformación. No quedó claro cómo recuperarán las dos sesiones perdidas, pero los senadores han decidido dar vuelta a la página a estos vergonzosos sucesos. Nadie volverá a hablar de espionaje, tampoco de montaje… por lo menos en público.
La reanudación de los trabajos parlamentarios servirá para que el presidente saliente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, presente su informe anual de labores ante el Pleno. Y que los senadores deliberen sobre las iniciativas que buscan disminuir las tasas de suicidios. También habrá espacio para retomar la votación sobre la iniciativa que busca sancionar a quienes propicien la violencia política contra las mujeres.
Efectos secundarios
¿MARGINADOS? Entre los aspirantes a las cuatro consejerías del INE que designará la Cámara de Diputados hay media docena de actuales funcionarios del organismo autónomo. El intento de la CNDH de limitar su participación quedó superado con los criterios de evaluación aprobados en la Junta de Coordinación Política. Entre los funcionarios electorales están Ignacio Labra, quien es integrante del OIC del INE; y los asesores Iulisca Zircey Bautista, colaboradora del consejero Jaime Rivera, y Luis Miguel Carriedo, de la oficina de Marco Antonio Baños. Ya se verá si superan el filtro, del examen de conocimientos, y logran colocarse entre los candidatos a las quintetas que serán sometidas al Pleno de San Lázaro. En el cúmulo de aspirantes hay un “caballo negro”: Publio Rivera Rivas, zacatecano y secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara Alta. ¿Su padrino? Ricardo Monreal.
TEXTUAL. “¡Benditos neoliberales! Que dejaron finanzas públicas sanas, un Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, una línea de crédito contingente con el FMI, reservas internacionales, seguro y bono catastróficos, y coberturas cambiarias y petroleras”, posteó en sus redes sociales la senadora priista Vanessa Rubio. “Si no lo decía, reventaba”. Órale.
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