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Si el conflicto se traslada al ataque de campos o centros de producción de petróleo o de gas, las consecuencias económicas de esta escalada bélica podrían ser extremadamente graves

El viernes aquí, el texto sobre la depredadora y reaccionaria disidencia magisterial se remató así:

“¿Cuánta concurrencia tendrán las marchas de la CNTE cuando el erario deje de financiarlas…?”

Y otra vez, a esos cuestionables “docentes” (jurídicamente “servidores públicos”, como los demás empleados de gobierno a quienes suelen agredir: trabajadores de alcaldías, institutos electorales y policías a los que prenden fuego), el Estado mexicano los financia.

Los amamanta, pues, pero no solo porque les paga sin importar que trabajen o no, sino porque a costa del erario les dan todas las demás prebendas que les permiten “andar en la lucha” para conservar sus privilegios, abandonando a niñas y niños a quienes, si bien les va, les dan la cara solo tres días a la semana.

El secretario Emilio Chuayffet responsabilizó a las autoridades estatales (Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán) de no reportar a los faltistas, y los aludidos le devuelven a la SEP esa ominosa pelota.

Solución cibernética probable: registro electrónico de asistencias y dejar de pagar a quienes no trabajen.

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