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          Solo hago cuentas políticas sin comparar, porque ya sé que no le gusta, de las diferencias de tiempos, espacio, condiciones y personalidad: de la indignidad del apoyo a aquella frustrada reelección, al encuentro, puedo decir, entre iguales, aunque por la disparidad de países, parecería imposible

La discusión de las triquiñuelas del Congreso practicadas sobre la redacción de dos artículos de la llamada ley 3 de 3 ha oscurecido las ganancias del paquete completo.

Juan Pardinas, uno de los comprometidos y creativos artífices de esa ley, ha descrito los “cambios auspiciosos” incluidos en el paquete:

El Sistema Nacional Anticorrupción será presidido por un Comité Ciudadano, cuya integración tiene un buen nivel de blindaje de las cuotas partidistas. Por primera vez en la historia de México tendremos un tribunal especializado en materia de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación podrá hacer investigaciones sobre faltas administrativas graves. Además la ASF podrá hacer trabajos de fiscalización mientras se ejerce el gasto y no solo al cierre del año fiscal. El Poder Judicial, que ha sido ajeno al debate de la corrupción, pero dista mucho de ser ajeno al problema, ahora tendrá que ser más transparente ante los ciudadanos y otros órganos del Estado mexicano (Reforma, 19/5/16).

Las cuentas de otro ciudadano comprometido y creativo en este proceso, Mauricio Merino, no son menores. Se trata de:

Una reforma de muy amplio calado, que estaría llamada a modificar buena parte de las prácticas gubernamentales y que, en conjunto, significarían la mayor modificación que haya tenido la administración pública mexicana en décadas. Se dice rápido, pero una vez que el SNA se haya puesto en marcha, por primera vez México contaría con un sistema capaz de producir inteligencia institucional, para ir bloqueando las causas que generan la corrupción (El Universal, 14/5/16).

Las cuentas de una tercera ciudadana comprometida y creativa en la misma materia, María Amparo Casar, son convergentes. Antes de que el paquete fuera aprobado, Casar anticipó:

Difícilmente se hará realidad la idea de que los servidores públicos tengan que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales aunque sí una versión de ellas. En caso de que solo fuese pública una versión “testada” pero pasara el resto del marco normativo estaríamos frente a un triunfo legal… Tendríamos eso que hace tiempo se exige: la articulación de una política de Estado anticorrupción (Excélsior, 15/5/16).

Parecería que en materia del Sistema Nacional Anticorrupción hemos contado solo las pérdidas y olvidado las ganancias.

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