Se solicitan políticos corruptos para distraer

Aunque existen políticos que por pícaros, son simpáticos; otros por lenguaraces son divertidos; e inclusive, por mentirosos, los hay buenos comediantes. La solicitud que encabeza la columna no se refiere al verbo distraer como sinónimo de entretener y de divertir, recrear el ánimo. Aquí el verbo de referencia está aplicado en la tercera acepción que le da el diccionario de la academia: Apartar la atención de alguien del objeto a que la aplicaba o que debía aplicarla.

Aclarado lo anterior, les diré que el solicitante es el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿El motivo? Sólo atrapando auténticos y variados peces gordos, aquellos que los ciudadanos sospechamos que son corruptos, aunque no podamos comprobarles nada, debido a que son pillos no pendejos, podrá el gobierno apartar la atención y atenuar la crítica de la sociedad y de los medios de comunicación, de los acontecimientos negativos que se están presentando.

Por ejemplo, el caso del gobernador morenista electo Javier Bonilla y su afán de extender el mandato que los electores le confirieron por dos años a cinco, para lo cual, con la ayuda (clic de la máquina registradora de dinero) mayoritaria de diputados del Partido Acción Nacional y algunos del PRI, se modificó la constitución bajacaliforniana. ¿Qué opinión de este caso tiene el Primer Mandatario? Recientemente estuvo en Baja California y al ser interrogado sobre el tema Bonilla dijo que estaba “en huelga de entrevistas”. Un poco más tarde lo pensó mejor y se convirtió en esquirol cuando declaró que será el Poder Judicial el que deba resolver sin presiones, ni chicanadas de ningún tipo el asunto. (¿Quién tiene el poder suficiente como para presionar al Poder Judicial? Qué ganas de buscarles glándulas mamarias a las gallináceas. Bonilla hizo campaña y se presentó a los comicios para gobernar dos años. Eso es lo legal y el presidente debe ser el primero en respetar la legalidad de manera categórica).

Pero el hecho más lamentable para el gobierno de la 4T es lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, el pasado jueves, incidente que ya se ha documentado a través de los medios de comunicación. Empero me interesa fijar una postura: por supuesto que me pareció correcto el que se soltara al hijo del Chapo —hay quien dice que fueron dos hijos, es igual— con el fin de evitar el derramamiento de sangre de la población y costosos daños colaterales en la ciudad. Lo que en mi opinión fue un grave error y representa el caso más severo de desprestigio en los once meses del gobierno lopezobradorista, es la manera en la que se implementó el operativo. Treinta elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional contra tres mil sicarios dispuestos a todo y con un armamento muy superior.

Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al que por mentiroso le creció la nariz 30 centímetros —un centímetro por elemento— los 30 efectivos realizaban un patrullaje de rutina en el Fraccionamiento Tres Ríos, cuando desde una casa comenzaron a disparar contra ellos. ¿Si así fue por qué dispararon los malandros, máxime si ahí estaba Ovidio Guzmán? No les convenía llamar la atención de los uniformados. Más cercano a la verdad me parece lo dicho por el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, quien expresó que el grupo responsable de la captura era personal de la Policía Ministerial que “actuó de manera precipitada con deficiente planeación”. “Hubo falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención omitiendo, además, el consenso de los mandos superiores”.

Y lo peor, en la conferencia mañanera de ayer, AMLO aseguró que él no sabía del operativo. “No me informan —dijo— de esos casos porque le tengo mucha confianza al Secretario de la Defensa” —mismo que declaró que fue omitida su opinión táctica sobre el mismo. En fin, la percepción de la ciudadanía es que estamos frente a un ridículo de marca mayor.

Por último, el martes a las 5:45 de la madrugada un grupo de alcaldes del PAN, PRI y PRD se presentó en Palacio Nacional con el fin de hablar con el presidente López Obrador para protestar por los recortes presupuestales en infraestructura y seguridad pública. El grupo de presidentes municipales fue dispersado con gas lacrimógeno. El periódico Reforma cabeceó así su nota principal: “A los vándalos: paz a los Alcaldes: gas”.

Por estos tres asuntos aquí reseñados, más los que se acumulen, es necesario para el gobierno de la cuarta transformación utilizar elementos distractores. Y qué mejor que éstos sean aquellos a los que en campaña el hoy mandatario prometió poner en la cárcel por corruptos. Por ello, como informó Salvador García Soto, el martes en el Universal, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una “lista negra” de 56 políticos y empresarios cercanos a Enrique Peña a quienes se le investiga para que “conforme la cuarta transformación vaya requiriendo un poco de ‘sangre’ y otro poco de ‘caja china’”, empiecen a aparecer sus nombres en investigaciones judiciales.

Así que si usted, en los próximos días, ve en el aeropuerto a un hombre delgado, con el pelo blanco, no es Richard Gere, es Gerardo Ruiz Esparza en busca de un vuelo para huir del país.