A la embestida se suma la mayoría morenista y moreniana en la Cámara de Diputados, que se apresta a montarle un circense “juicio político”, a fin de inhabilitarla para trabajar en el servicio público por un periodo adicional de 20 años a los 10 que resolvió desde septiembre la Secretaría de la Función Pública
Con uno bastaría para causar estupor, pero son los tres poderes de la Unión los que, haciendo cuarteto con la Fiscalía General de la República (que según la Constitución debe conducirse con autonomía y en su acusación presentó una licencia apócrifa de manejo que sirvió de pretexto para encarcelarla), están cometiendo agravios espeluznantes contra Rosario Robles Berlanga.
A la embestida se suma la mayoría morenista y moreniana en la Cámara de Diputados, que se apresta a montarle un circense “juicio político”, a fin de inhabilitarla para trabajar en el servicio público por un periodo adicional de 20 años a los 10 que resolvió desde septiembre la Secretaría de la Función Pública.
¿Puede alguien imaginar que, aun contra lo que se perfila, si el Poder Judicial en la última instancia resolviera que la señora es inocente, a ella le quedarían ganas de volver a trabajar para gobierno alguno?
No obstante que cada uno de los tres poderes trae su propia carga para destrozar a la única persona perseguida entre las decenas de ex funcionarios y rectores de universidades implicados en el caso, lo sensato sería que las inhabilitaciones procedieran hasta después de que en tribunales fuera encontrada culpable.
La prisa de la escalofriante Sección Instructora diputadil por humillarla se delata en palabras de su ex correligionario Pablo Gómez: “En términos de la ley, un fastrack, digamos aplicado a velocidad completa, es marzo, pero sí es rápido para ser un juicio; a ver, ¿dónde están los juicios de tres o cuatro meses?, no hay en México…”.
Mi compañero Fernando Damián retrata la miserable sevicia:
Robles tiene como plazo hasta el 10 de diciembre para comparecer personalmente o por escrito ante la Sección Instructora, tras ser notificada el pasado lunes del procedimiento en su contra por el presunto desvío de siete mil millones de pesos como titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario.
En caso de que la ex funcionaria decida asistir a San Lázaro, los diputados solicitarán al juez dictar las medidas conducentes para garantizar la presencia de Rosario Robles en el recinto, precisó Gómez.
—¿Y qué pasaría en caso de que no respondiera de aquí al 10 de diciembre o decidiera no aportar ningún elemento para su defensa?
—No pasaría nada, está en su derecho. La Sección Instructora consideraría su silencio como su negativa de los hechos y de los señalamientos que se hacen en los escritos de denuncia, así lo consideraríamos, como que niega todo —atajó Gómez.
En su primera reunión para analizar el expediente, la Sección Instructora acordó solicitar a diversas secretarías de la administración pública federal, universidades públicas y a la Auditoría Superior de la Federación copias certificadas o archivos físicos de las actuaciones relacionadas con los desvíos de recursos públicos imputados a la ex secretaria…
De miedo, pues.
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