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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer acciones que fueron exitosas en el calderonato, pero extinguidas en el obradorato para enfrentar el problema de las desapariciones.

Esencialmente político, su enfoque no es criminológico: el punto de partida es lo que AMLO usaba para esquivar la responsabilidad, porque el problema no es lo que sucede, sino el “provecho” político que “la oposición” quiere sacarle a uno de los flagelos que más lastiman a la sociedad, en que lo más reciente y espeluznante ha sido el hallazgo del rancho de exterminio en Jalisco, que el oficialismo quiere minimizar:

“Mañana vamos a hablar de la campaña de oposición, de la oposición en contra de nuestro movimiento que, como buenos carroñeros, bastante hipócritas, se suben a éstas, construyen estas campañas, compran bots, le meten mucho dinero a las redes sociales y construyen este ambiente, según ellos porque, en realidad, se queda nada más prácticamente en la red X, que es de un porcentaje de este tamaño, viven de eso. Pero son campañas que tienen mucho dinero y vale la pena denunciarlas. Y ya el miércoles, que es el día del ‘detector de mentiras’, nos van a mostrar cómo se construye en esta campaña de ‘narcopresidente’, ‘narcopresidenta’ o ‘narcoexpresidente’, ‘narcopresidenta’. Se está haciendo una investigación muy profunda: ¿de dónde vienen las cuentas?, ¿cuántas cuentas son falsas?, ¿cómo están pagadas?, ¿cuánto dinero están invirtiendo?, ¿qué tanto es campaña real, es decir, o personas reales que tienen cuentas, y qué tanto es armado…?”.

Si se considera que durante la gestión de López Obrador hubo aproximadamente 52 mil 200 desapariciones (el mayor número registrado desde mediados de los años 60 del siglo pasado), se entiende mejor el errado enfoque de que se trata de “una campaña” contra la cuarta transformación.

Anunció que se explicarán las medidas “legales o nuevas reformas jurídicas que tenemos que emprender (…)”, porque “hay que atenderlo de una manera integral”.

En síntesis, “el eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos. Convocaremos al Consejo Nacional de Seguridad Pública para construir los protocolos con todos los gobernadores, necesarios para atender este delito, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de las Comisiones de Búsqueda, así como el fortalecimiento de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República”.

Por Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública (integrado por el presidente de la República y su gabinete de seguridad, los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno de la capital), el 21 de agosto de 2008 se acordó la creación de las Unidades Especializadas en el combate al Secuestro en cada una de las Procuradurías de las 32 entidades con la misma metodología que a escala federal en términos de actuación del Ministerio Público y las policías investigadoras, con la participación de los peritos y las policías preventivas y auxiliares.

Mañana, el reciclaje en detalle…