Hablar de corrupción y delitos es sacarle el bulto al Estado de Derecho. Corrupción y concentración de funciones debilitan a las instituciones civiles
Especializado en derecho aeronáutico, Rodrigo Soto Morales comienza a ocuparse de un tema que domina ya: el marítimo. Gracias a mi amigo Armando Rendón abrí la liga https://drive.google.com/file/d/19cQF4vk_OPNbGHI4lAcQz-EApKCq5UeH/view?usp=sharing y conocí una luminosa explicación sobre la insensatez de responsabilizar a la Marina Armada del manejo administrativo de los puertos. Aquí un quemón:
La investigación de los delitos fiscales y el contrabando son tareas de una institución civil: la policía. Y asegurarse del pago de derechos aduaneros, el control arancelario y la licitud de las mercancías del comercio exterior corresponden a un órgano aduanero que, entre otras atribuciones, puede multar. Darle tal función a la Marina Armada contraría el diseño constitucional de la República porque se concentra el poder en menos instituciones.
Hablar de corrupción y delitos es sacarle el bulto al Estado de Derecho. Corrupción y concentración de funciones debilitan a las instituciones civiles.
El derecho marítimo parte de tratados internacionales para facilitar la navegación y el comercio. Admite una autoridad mixta (desde 2017 las capitanías están en manos de la Marina Armada), con reparto preciso de atribuciones entre los poderes civil y militar (éste vela por la soberanía territorial y la seguridad portuaria).
La plena militarización inhibe la actividad comercial, ya que los puertos son para facilitar la navegación y el comercio. Cuando el registro marítimo y la matriculación de los buques pasa de las autoridades administrativas civiles a las militares, se distorsiona la concepción del Estado moderno, republicano y democrático.
Para operar, las fuerzas armadas fueron creadas y diseñadas con el uso de la fuerza como atributo primordial.
El abogado se plantea: “Cuando digo que el tráfico de mercancías, que debe ser controlado a través de las aduanas cuyos pagos de derechos son de naturaleza fiscal y, so pretexto de que hay corrupción e inseguridad, las funciones de la policía pasan a los militares, ¿qué sigue? ¿La aviación, las torres de control, los servicios a la navegación aérea, el autotransporte federal, el ferroviario…?”.
El trabajo de erradicar la corrupción, de denunciar, perseguir y procesar, es más extenuante. Una carrera de largo plazo, pero “a los políticos lo que les interesa son carreras de corto plazo. A los hombres de Estado lo que les interesa no es ganar unas elecciones, sino beneficiar a generaciones”.
Asignarles cada vez más tareas administrativas a las fuerzas armadas revela una visión cortoplacista, nociva a la idea de Nación plasmada en la Constitución.
Por indeseable que sea, militarizar los puertos impone reformar el 21 constitucional y las leyes orgánica de la Marina (y su reglamento interior), la aduanera y la de comercio exterior; las regulaciones no arancelarias y arancelarias, el código de comercio y asegurarse de los avisos que tienen que darse a la Organización Marítima Internacional…
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