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Fui a presentar mi libro Adiós a los padres a varias ciudades de la República.

En el camino supe de una joven poblana que fue a preguntar a un partido político de la ciudad qué necesitaba para ser diputada. La respuesta fue: “Si quieres sentarte en la mesa para ganar, tienes que traer 15 millones”.

Oí la cifra como una exageración, pero escuché el mensaje: para sentarse a la mesa electoral de la democracia mexicana, con posibilidades de ganar, hay que llevar mucho dinero en la bolsa.

Se entiende que hablo de dinero distinto al del subsidio que reciben los partidos, superior al del tope legal previsto para las campañas; y adicional, para medios, al tiempo gratuito que la ley otorga para millones de anuncios en radio y televisión.

En el sureste pregunté al amigo de un presidente municipal cuánto había invertido éste en su campaña, además de lo que le daba su partido o le autorizaba la ley. La respuesta fue: “Entre dos y tres millones de dólares”.

Estuve luego en Cancún y pregunté a conocedores  de la política local cuánto hacía falta por fuera de lo legal para competir por la presidencia municipal de la ciudad. Las tres respuestas me dieron la misma cifra: “Cien millones”.

En una reunión con lectores y empresarios de la ciudad de Monterrey, hice la misma pregunta: ¿cuánto necesitan candidatos o candidatas para sentarse a la mesa donde se juega la gubernatura de Nuevo León?

La gente de Monterrey, seria para el dinero, coincidió: entre 600 y 700 millones de pesos. Hubo quien dijo: “Yo sé de uno que le metió 700 millones a su campaña y perdió”.

Estas son las cifras de mi encuesta ranchera sobre el mercado negro de la democracia mexicana. Quítenle la mitad.

La pregunta obvia es: los candidatos que tienen que invertir tanto por fuera de las reglas, ¿cómo pagan sus deudas?

La siguiente pregunta es: ¿una democracia de candidatos endeudados puede esperar gobiernos transparentes?

Mañana, cifras menos rancheras.