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La destituida secretaria General de la UNAM, Patricia Dávila, no era una directiva más: en 2023 casi logra ser la rectora, por el apoyo de académicos y de integrantes de la Junta de Gobierno, vinculados con la comunidad científica cercana a la después presidenta.

Dávila perdió el puesto porque su oficina organizó y ejecutó el proceso que terminó en fraude, para el ingreso a la UNAM de 60 mil alumnos, con indicios de que las trampas dejan claro que, el escándalo, tiene que ver con el sello de la casa morenista: el dinero.

Sí, porque Dávila contrató a la empresa privada Territorium Lifepara blindar la seguridad digital de los exámenes, pero éstos fueron vendidos y filtrados en línea, con respuestas en tiempo real: es decir, un modus operandi delictivo. Y alguien se clavó una lana.

El rector, Leonardo Lomelí, debió pasar por encima de muchas consideraciones políticas en la renuncia de Dávila, porque, en los hechos, Dávila era la segunda al mando en la UNAM y la cabeza de playa del grupo en el poder en la más grande del país y América Latina.

Al no ser electa Dávila como rectora en 2023, el intenso cabildeo que siguió a la victoria de Lomelí, provocó que Dávila se quedara con la Secretaría General, que no sólo es la “segunda posición”, sino desde donde se controla el ingreso de estudiantes.

Quedarse con el ingreso de estudiantes fue el reclamo que hicieron (y consiguieron) los académicos y los  integrantes de la Junta de Gobierno, vinculados con la comunidad científica cercana a Morena, y a quien un año después sería electa presidenta de México.

Por eso han sido las movilizaciones, manifestaciones, marchas y las protestas (o sea, el más puro estilo de Morena), la respuesta de esos grupos a la salida de Dávila, y a la decisión de la UNAM de aplicar un Examen de Control Presencial.

Y la cereza del pastel: Sheinbaum anunció que los estudiantes que no superen la nueva prueba de ingreso en la UNAM, podrán estudiar en una universidad que ella creó en 2019, siendo jefa de Gobierno de la CDMX, la Rosario Castellanos.

En la Universidad Nacional Rosario Castellanos no existen pruebas de ingreso y Morena le asignó este año mil 318 millones de pesos, así como mil millones más para la construcción, equipamiento y adecuación de nuevas sedes en todos los estados de la República.

El mensaje es claro: no entres a la UNAM, que hace exámenes de ingreso, entra mejor a la UNRC, que no los hace. Obradorismo a pulso: “90% de honestidad y 10% de experiencia”, como pidió el entonces presidente, el 27 de noviembre de 2019.

Todo este lío… conduce a Morena.