Se requiere de una gran dosis de estulticia para imaginar que la mayoría de votos los gane alguien sugerido por el Poder Judicial después de que ha sido exhibido como “enemigo del pueblo” por el empoderado y ensoberbecido nacional populismo
Al iniciar el proceso para la destructiva elección popular de jueces, magistrados y ministros y sin que se lo hubiese propuesto, el Instituto Nacional Electoral viola la Constitución en sus artículos 41, 105 y 133.
La prisa por aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial —en palabras de Mario Delgado: “regalo de despedida” al presidente López Obrador— obligan al INE a suplantar funciones exclusivas de un Congreso federal avasallado por las mayorías oficialistas, que ha sido incapaz de elaborar la correspondiente ley reglamentaria.
Sus 11 consejeros electorales tomaron la decisión sin la presencia de los consejeros del Poder Legislativo y los partidos políticos que integran el Consejo General, el órgano superior de dirección, responsable de aplicar las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad rijan las actividades del instituto.
Otra violación es al tercer párrafo del inciso i de la fracción II del artículo 105, que reza:
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
En el banderazo al proceso, la consejera presidenta Guadalupe Taddei prometió algo esencial que al INE le será imposible cumplir:
“Les aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los participantes (…). Estas son las condiciones para que el 1 de junio de 2025 sea uno de los momentos más transparentes y nítidos de nuestra vida democrática. La elección de las personas ministras, magistradas y juzgadores será auténtica, el INE ya la está organizando en forma certera, objetiva e imparcial…”.
Claridad, equidad, certeza e imparcialidad es lo que menos habrá ese día, entre otras razones porque dos de cada tres candidatos a jueces, magistrados o ministros van a ser propuestos por los poderes Ejecutivo y Legislativo, y uno por lo que para entonces quede del Judicial.
En las boletas, folletos, libretas o lo que sea en que quepan las listas de millares de pretendientes a impartir la peligrosa “justicia popular” que promete el oficialismo, aparecerá cuál de los tres poderes los propone.
Se requiere de una gran dosis de estulticia para imaginar que la mayoría de votos los gane alguien sugerido por el Poder Judicial después de que ha sido exhibido como “enemigo del pueblo” por el empoderado y ensoberbecido nacional populismo.
Las boletas debilitarán más la división de poderes, porque las listas de aspirantes aparecerán divididas en este orden: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, presentación que implica una jerarquización y contradice el principio de igualdad de poderes en un sistema democrático como el que se supone tiene México, cuya Constitución (artículo 49) define al integrado por los tres como el Supremo Poder de la Federación…
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