¿Temen que aparezcan los de otros normalistas y se apuntale la verdad histórica? Y de no ser así, ¿por qué impedir que deudos de distintos entre miles de desaparecidos conozcan el destino de sus familiares…?
Por aberrante que parezca, los activistas que acompañan a los padres de los 43 de Ayotzinapa constituyen el obstáculo mayor para el esclarecimiento del caso porque siguen alentando la fantasía de que los normalistas no fueron victimados en términos como los reseñados en la verdad histórica, sino tuvieron otro destino del que no aportan un solo dato. Según insisten, ninguno de los jóvenes fue sacrificado en el basurero de Cocula porque todos fueron llevados “a distintos lugares” de Guerrero y porque siguieron activos algunos de sus teléfonos celulares después de aquella noche remota de crimen.
Luego de una reunión de casi tres horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el representante Vidulfo Rosales informó: “Lo que se tiene ahora es la construcción de un andamiaje jurídico institucional con la consolidación del fiscal especial, con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y con una actividad muy importante de búsqueda para poder caminar de manera más rápida en el 2020…”.
A esa tumultuaria tarea súmese a los integrantes de otros organismos (retorna el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) y la imprescindible Fiscalía General de la República. Pero no solo: al activismo para necear con buscar otra verdad se apunta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya titular, Rosario Piedra Ibarra, tuiteó hace una semana la consigna: “Este 2020 continuamos en pie de lucha. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos…!”.
De acuerdo con el abogado Rosales, hay “nuevos datos” que conducen a una “ruta y tesis distintas” a las contenidas en las averiguaciones de la extinta Procuraduría General de la República y hay “hallazgos” en 18 búsquedas que se realizaron, “los cuales están en proceso de análisis”, por lo que confía en que para febrero o marzo se tengan avances importantes “y de identificación”.
Si alguna identificación de veras les importara, vergüenza debiera darles a él, al vocero de los padres (Felipe de la Cruz), a los funcionarios de alto nivel involucrados en las nuevas investigaciones (el fiscal Alejandro Gertz, el subsecretario Alejandro Encinas), y sobre todo a la señora Piedra Ibarra, no alzar la voz ni mover un dedo para que 114 restos óseos susceptibles de contener ADN sean enviados para su estudio al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, como recomendó ¡desde finales de 2018! la CNDH, en la presidencia de Luis Raúl González Pérez.
La única explicación lógica para su negligencia provoca escalofrío: esos restos fueron detectados entre alrededor de 17 rescatados en el río San Juan y… el abominable basurero de Cocula. De esos fragmentos salieron los que permitieron identificar en Austria a los estudiantes Alexander y Jhosivani.
¿Temen que aparezcan los de otros normalistas y se apuntale la verdad histórica? Y de no ser así, ¿por qué impedir que deudos de distintos entre miles de desaparecidos conozcan el destino de sus familiares…?
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