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La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos le informe de sus negociaciones con Ovidio Guzmán López para abrir las puertas a 17 integrantes de su familia.

Su reclamo, sin embargo, no prosperará.

La mandataria invoca la política de los gobiernos de ese país de no negociar con “terroristas”, adjetivo que pesa sobre las principales bandas mexicanas del crimen organizado, así como las acusaciones que la FGR tiene, pero no activó, contra Ovidio.

Con los dos chapitos (el otro es Joaquín hijo, el que secuestró y entregó a El Mayo Zambada) dispuestos a declararse culpables a cambio de delatar complicidades, enlaces, rutas de distribución y sobornos a funcionarios mexicanos y gringos, lo más probable es que el acuerdo haya incluido la puesta a salvo de esos familiares (especialmente de Ovidio, su madre, su pareja y sus hijos).

En 2019 ocurrió el primer Culiacanazo por la detención de Ovidio, pero López Obrador ordenó liberarlo porque las fuerzas del orden fueron superadas por sicarios del cártel de Sinaloa, quienes tomaron como rehenes a soldados y sitiaron sus domicilios en la colonia militar.

Fue hasta la mañana del 5 de enero de 2023 cuando Ovidio fue de nuevo capturado de manera definitiva.

Las dos capturas se realizaron con fines de extradición a EU, porque en México no tenía en su contra una sola acusación.

“Esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del Pacífico”, dijo el entonces titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. “Continúan las agresiones por el grupo criminal”, añadió, porque la banda había respondido rápida y violentamente con balaceras y bloqueos de caminos; el aeropuerto de Culiacán cerró por seguridad; el fuselaje de un avión de Aeroméxico presentó un impacto de bala (producido cuando la llegada de un avión militar hacía presumir el traslado del detenido). Civiles armados enfrentaron a las fuerzas de seguridad y se produjeron explosiones; las escuelas y los edificios gubernamentales fueron cerrados y las calles quedaron vacías.

Rosa Icela Rodríguez, a la sazón secretaria federal de Seguridad, informó que la FGR había echado a andar una investigación contra Ovidio por delincuencia organizada, posesión de armas de fuego reservadas y homicidio. Sin embargo, las acusaciones nunca se judicializaron y al detenido no se le sometió a proceso, lo que confirma que Ovidio fue detenido solo para entregarlo a EU.

Peor: cuando se le extraditó (15 de septiembre de 2023), AMLO dijo que eso fue posible porque Ovidio “no estaba amparado”.

Sheinbaum puede seguir exigiendo se le informe sobre el refugio a los 17 familiares, pero cabe preguntar:

¿Por qué con AMLO no se procesó a Ovidio antes de extraditarlo y por qué con Sheinbaum no se reclamó su devolución?

Sencillo: la 4T no concretó ninguna acusación y hoy la preocupación se explica por el temor de que las “gargantas profundas” chapianas canten en EU los corridos de la verdadera narcopolítica mexicana…