El resultado entonces no sería una reforma electoral sino algo más simple —y más grave—: el ensayo de cómo desmontar el Estado de derecho por vía de la ambigüedad…
Lo que la presidenta Sheinbaum adelantó ayer de su “plan b” no será una serie de reformas a leyes secundarias, sino una nueva iniciativa de reforma constitucional que muy probablemente tampoco sea aprobada en el Congreso porque no es claro si se trata de cambios al sistema electoral, hacendario, presupuestal o federativo.
Se busca reducir el número de diputados estatales y de integrantes en los cabildos de los ayuntamientos, y que cueste menos el Senado, lo que abre la interrogante de si las 32 entidades de la República son o no “libres y soberanas”.
El “plan b” se supuso igual al que pretendió imponer López Obrador cuando, al no prosperar sus iniciativas de reformas constitucionales, sus mayorías aprobaron cambios a las leyes que, por fortuna, la Suprema Corte anterior a la de los acordeones juzgó violatorias de la Constitución.
Se antojan disipados los temores de que se intentara suprimir el Programa de Resultados Preliminares del INE, el descuartizamiento de sus equivalentes estatales o se neceara con la “elección popular” de consejeros y magistrados electorales.
Vuelve a invocarse la “austeridad republicana” para hacer las modificaciones y ahorrar tristes cuatro mil millones de pesos: un pelo de gato frente al presupuesto de diez millones de millones previsto para este año.
Lo anunciado por la mandataria suena bien como consigna presupuestal pero, en los hechos, se trata de una intromisión abierta de la Presidencia en la arquitectura del federalismo: la integración de los congresos locales y de los cabildos no es un simple rubro administrativo del gasto público, forma parte de la organización política de las entidades federativas. Reducirlos desde el centro no solo es una decisión electoral, sino también hacendaria y, sobre todo, política. Implica afectar la soberanía de los estados y la autonomía de sus congresos.
Dicho de otro modo: lo que se presenta como “reforma electoral” se avizora más bien como una reforma del pacto federal.
El problema es que casi todo lo que se ha dicho hasta hoy está ya previsto —o protegido— por la Constitución, de modo que el mensaje presidencial termina siendo confuso.
Si el objetivo es modificar la Constitución, el “plan b” puede fácilmente ser también bateado.
Y si se trata de alterar la legislación para producir efectos que la Constitución no permite, el conflicto inevitable será judicial; la última palabra la tendría una Suprema Corte cuyos ministros, cada vez más evidenciados en su docilidad política, podrían terminar avalando lo que en cualquier manual básico de derecho constitucional se consideraría un atajo para burlar la Constitución.
El resultado entonces no sería una reforma electoral sino algo más simple —y más grave—: el ensayo de cómo desmontar el Estado de derecho por vía de la ambigüedad…
Qué bueno que con el fracaso anterior la presidenta diga “yo ya cumplí”, y aun mejor que de su “plan b” dijera: “Y yo espero que pase. Si no pasa, tampoco pasa nada…”.
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@CarlosMarin@soy
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