La información de la Sedena fue determinante para el envío de más de seis mil 500 militares a la región de Tierra Caliente, a la sazón la más azotada por La familia michoacana
Felipe Calderón comenzó su lucha contra las bandas del narcotráfico en Michoacán el 10 de diciembre de 2006 ––a nueve días de iniciar su presidencia––, a petición del entonces Gobernador y hoy Jefe de la Oficina de la presidenta Sheinbaum,
Lázaro Cárdenas Batel.
La operación fue nombrada Operativo Conjunto Michoacán (que luego se popularizó como “la guerra de Calderón”).
El gobernador hizo la petición cuando Calderón estaba en campaña, y se basaba en la imposibilidad de que las policías estatal y municipal enfrentaran a los criminales con mucho mejor armamento, que habían decapitado a cinco personas y arrojado sus cabezas en la cantina Sol y Sombra de Uruapan.
Por aquellas fechas Calderón ya conocía la información y el diagnóstico de la Secretaría de la Defensa Nacional que le entregó su titular designado, el divisionario Guillermo Galván Galván, alertando que las actividades de la delincuencia organizada en todo el país estaban poniendo “en riesgo la viabilidad del Estado” (como en su oportunidad lo reveló MILENIO Diario).
Calderón enfatizó la necesidad de combatir a las bandas porque buscaban “reemplazar al gobierno” para “imponer sus propias leyes”.
La información de la Sedena fue determinante para el envío de más de seis mil 500 militares a la región de Tierra Caliente, a la sazón la más azotada por La familia michoacana.
En su argumentación, el mandatario destacó la importancia de la participación militar, confiado en que la sola presencia de las tropas daría seguridad y tranquilidad a los ciudadanos.
La crítica posterior ––sobre todo de la indescifrable “izquierda” mexicana––, se centró en que Calderón no anticipó el impacto humanitario y la escalada de violencia que resultaría de su estrategia militarizada.
En los hechos, eso puede ocurrir en lo que resta del actual sexenio: 20 años después, a la luz de los acontecimientos desatados en la captura y muerte de El Mencho, pareciera que el gobierno de la presidenta Sheinbaum tampoco ha previsto el “efecto hidra” que genera el descabezamiento de las bandas delincuenciales.
De su estrategia contra la inseguridad y aludiendo a quienes (como yo) afirman que comenzó la guerra de Sheinbaum, en su conferencia de ayer afirmó que no hay un cambio sustantivo con la que heredó de López Obrador.
La suya, afirmó, es una estrategia basada en cuatro ejes: a) atención a las causas de la violencia, b) consolidación y fortalecimiento de la Guardia Nacional, c) inteligencia e investigación, y d) coordinación absoluta en el gabinete de Seguridad (y con el gobierno estadunidense, habría que añadir, como el lunes ella misma reconoció).
Pero tan hay un cambio esencial que la gesta del domingo no es atribuible al “gabinete de seguridad” sino y exclusivamente, al Ejército, a la Guardia Nacional y a la Fuerza Aérea, con el apoyo, no de “las agencias” como escribí aquí, sino el
Departamento de Guerra y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos…
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