¿Megalópolis sin doble cero?

Para reducir la emisión de gases contaminantes, más que para incentivar la compra de automóviles eléctricos o híbridos, las autoridades ambientales del Estado de México instauraron una calcomanía E para aquellos vehículos con placas mexiquenses que por su tecnología no son objeto del protocolo de pruebas de verificación vehicular.

Esa constancia es gratuita, tiene una vigencia hasta por ocho años, y para obtenerla sólo es necesario presentar orden de servicio y factura del pago del último servicio o mantenimiento en la que conste que el vehículo se encuentra en buenas condiciones físico mecánicas con una vigencia no mayor a tres meses.

La calcomanía 00 se entrega a los vehículos nuevos que realizan la verificación por los métodos SDB, de opacidad, o dinámico o estático, según corresponda. A partir de la fecha de la prueba, la constancia tendrá una vigencia de dos años. En la Ciudad de México también hay calcomanía E para los vehículos eléctricos y los híbridos, sin costo, pero las reglas para acceder a ese holograma han cambiado y los costos del trámite se han elevado.

Los vehículos de combustión interna están regularizados por la NOM 042, vigente desde hace 15 años. Las gasolinas de baja volatilidad, empero, no están disponibles en el mercado; no obstante, lo prometido por la propia Comisión Ambiental de la Megalópolis en mayo del 2019, tras la última contingencia ambiental.

Antes de que concluyera el 2019, la Comisión Reguladora de Energía prorrogó por cinco años el plazo para que Pemex pueda producir, distribuir y vender combustible limpio en todo el país. Así pues, los particulares que estén estrenando un vehículo modelo 2020 tendrá que esperar hasta el 2025 para contar con un combustible bajo en emisiones contaminantes, como lo exige la Comisión Ambiental de la Megalópolis para acceder a la calcomanía 00.

¿Restringir la expedición de estos hologramas busca mejorar la calidad del aire o incrementar la recaudación? La industria automotriz está convencida de que la nueva regulación busca que un amplio margen de la población capitalina pague más impuestos, a pesar de recibir servicios o productos de baja calidad. Y forzar a millares de automovilistas que ya no pudieron emplacar en otras entidades de la megalópolis.

Efectos secundarios
NUBARRONES. Por contrato, la directiva de Notimex y el titular del contrato colectivo de trabajo a perpetuidad —léase el sindicato único de trabajadores de la agencia de noticias del Estado mexicano— están obligados a renegociar el clausulado general y el incremento salarial. La empresa paraestatal, a cargo de Sanjuana Martínez, estaba obligada a negociar con esa organización gremial… que en los últimos ocho meses se quedó prácticamente sin membresía. Los trabajadores y extrabajadores representados por Adriana Urrea cuentan con la asesoría de la UNT y sostienen que la única forma de que la huelga no estallara es que quedaran subsanaras las violaciones a 32 cláusulas del contrato colectivo y quedaran cubiertos un cúmulo de adeudos, que van desde el aumento salarial, bonos, vales de despensa, vacaciones, pago de la ayuda de medicamentos y anteojos, días extra y aguinaldos. Además, la reinstalación de los empleados despedidos de manera injustificada que no aceptaron las liquidaciones. La empresa calificó esas peticiones como imposibles de aceptar y firmaría un nuevo contrato con el sindicato independiente.

EMPLEITADOS. El jueves 23, a 72 horas de celebrarse el VI Congreso Extraordinario que la destituyó como presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky acudió a la Sala Superior del Tribunal Electoral para objetar la validez de la convocatoria a esa reunión, convocada por la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Elena Luján. El expediente SUP-JE-2/2020 fue turnado a la ponencia del magistrado Indalfer Infante Gonzales, quien también atenderá una impugnación, tramitada por Fabián Alfredo Corzo, a la que se acumularon otras 30 quejas similares. En su última sesión pública, el pasado miércoles 22, los magistrados de la Sala Superior revocaron todos los acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Morena en una sesión extraordinaria presidida por Bertha Elena Luján y celebrada el 30 de noviembre pasado, incluida la elección de tres integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. El pleno del TEPJF resolvió, por unanimidad, que el Consejo Nacional extraordinario no contó con el quorum de consejeros necesario para que los acuerdos sean legales y determinó su invalidez. Pero los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña emitieron un voto aclaratorio, para deslindarse de la posible sustanciación y resolución del proceso sancionador que deberá resolverse contra Luján y que debería desahogar la Comisión de Honestidad y Justicia Partidaria.