De ser cierta la versión de Álvarez Icaza uno se pregunta: ¿Hasta dónde llegaran los calambres?
Lo que una inmensa mayoría de los que votamos por él esperábamos que hiciera en el primer mes de su sexenio, apenas tres años y siete meses después, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, da visos de perseguir por corrupción al expresidente Peña Nieto. Esto se percibe a partir de que el pasado jueves, sorpresivamente, Pablo Gómez Álvarez director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Resulta por presuntas operaciones con recursos ilícitos en contra de Enrique Peña Nieto.
Gómez Álvarez manifestó que la Unidad que él dirige detectó una estructura de transferencias internacionales millonarias entre 2019 y 2021, con la que, presuntamente, el exmandatario fue beneficiado con más de 26 millones de pesos. Afirmó que el antecesor de López Obrador “tiene vínculos corporativos en dos empresas respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”. Las empresas “fueron constituidas antes de que (Peña) fuera presidente, pero una de ellas se benefició durante su administración por más de 10,533 millones de pesos de 2013 a 2018”.
En resumen, Pablo Gómez proporcionó a la sociedad mexicana dos noticias, una buena y una mala. La buena: por fin Peña Nieto puede ser aprehendido y castigado con cárcel por corrupto. La mala: la encargada del caso es la Fiscalía General de la República, cuyo titular, Alejandro Gertz Manero, además de ser más lento que un desfile de cojos, actúa según sus fobias o sus filias. Si el expresidente forma parte de éstas últimas, será más fácil que éste haga un hole in one en el campo de golf de Valdelagua en Madrid, a que caiga en manos de la justicia mexicana.
Los que saben de la grilla, han repetido hasta el cansancio que en política no existen las casualidades. A partir de esta premisa me atrevo a conjeturar que el presidente López Obrador al ver menguada, en las últimas semanas, su popularidad, asunto que pone en peligro su injerencia en la sucesión del 2024, rompió el pacto de no agresión que mantenía con el expresidente. Recordemos que todavía, hará cosa de dos meses y medio, el tabasqueño dijo que el mexiquense merecía “respeto y consideración” por no haber operado ilegalmente en su contra durante los comicios del 2018 como se lo pedían los machuchones.
En otro orden de especulaciones, existe la versión de Emilio Álvarez Icaza, según el senador independiente lo que el presidente López Obrador pretende es darle calambres a Peña Nieto, al enterarse de que éste y sus alfiles César Camacho Quiroz y Alfonso Navarrete Prida, se preparan para defender a capa y espada, con uñas y dientes, la elección por la gubernatura del Estado de México, bastión del PRI y sede del Grupo Atlacomulco.
De ser cierta la versión de Álvarez Icaza uno se pregunta: ¿Hasta dónde llegaran los calambres? ¿Un susto del cual se genere un nuevo pacto: tú sigues jugando golf en España pero a cambio tu partido, el PRI, pierde la elección en el Estado de México? O acalambrarlo de verdad con la extradición y una orden de aprehensión que generaría tres cosas: que el PRI perdiera el Estado de México; que por un efecto dominó cayeran sus cómplices del sexenio más corrupto de la historia, y vaya que los ha habido; lo anterior gestaría la recuperación de la popularidad de AMLO y por tanto éste llegaría con fuerza para imponer a su candidato o candidata y a su partido en el 2024.
LEA
Murió Luis Echeverría Álvarez, el primer presidente que llegó a la Máxima Magistratura por escalafón, jamás ocupó un cargo de elección popular. También fue el primer expresidente al que se le giró una orden de aprehensión. Se le juzgó por genocidio y pasó tres años en prisión domiciliaria. Fintaba con la izquierda pero pegaba con la derecha.
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