Lozoya, vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, se acogió al criterio de oportunidad
El pasado 17 de julio se cumplió un año de que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, llegó a México extraditado de España, acusado de recibir sobornos millonarios. En un avión fletado por el gobierno mexicano —que no fleta aeronaves ni para AMLO— a las 00:46 horas Lozoya llegó a la tierra azteca —depredada desde hace exactamente 500 años—.
Después de leerle sus derechos y cargos fue trasladado a un hospital de cinco bisturíes —versión médica del hotel de cinco estrellas— debido a que los peritos de la fiscalía le encontraron “una anemia desarrollada —producida por la ingesta exagerada de jamón Jabugo—, problemas sensibles en el esófago, debilidad general en toda su salud”; así como una buena cantidad de euros y dólares de alta denominación que le fueron confiscados en razón al artículo 4º inciso VI de la Ley de Usos y Costumbres de la Corrupción que establece: “El que se baña salpica”. (Esto último no consta en actas es una mera invención del envidioso redactor de estas líneas que no come jamón Jabugo desde el último bautizo que hubo en su familia).
No está de más recordarle a las lectoras y a los lectores que el señor Lozoya, vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, se acogió al criterio de oportunidad, figura jurídica del Código Nacional de Procedimientos Penales que permite la suspensión temporal o definitiva de la acción penal contra un presunto responsable a cambio de que éste ofrezca datos y pruebas eficaces que permitan enjuiciar a personas de mayor jerarquía que la suya o que hayan cometido delitos más graves que los del acusado.
A ese criterio Lozoya se acogió, un juez federal le dio un plazo de seis meses como máximo para denunciar, declarar y entregar suficiente información para que la Fiscalía General de la República (FGR) construyera las acusaciones de los presuntos implicados. Con tal de no poner un pie en la cárcel, como ha sucedido, Lozoya Austin hizo lo que los antiguos juristas romanos llamaban soltar la sopa.
El exdirector de Pemex denunció a una serie de políticos de alto rango como los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. Así como al exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray. También a los excandidatos a la Presidencia en el 2018, José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Igualmente delató a los exsenadores, Francisco Domínguez del PAN, ahora exgobernador de Querétaro; al también panista Francisco García Cabeza de Vaca actualmente gobernador de Tamaulipas; el morenista Miguel Barbosa en la actualidad gobernador poblano; el priista David Penchyna; el blanquiazul calderonista Ernesto Cordero, hoy en día apartado de la política, al parecer sostiene a su familia con 6,000 pesos mensuales. Por supuesto que los personajes negaron los cargos. El único que está en prisión preventiva a consecuencia del caso es el exsenador panista Jorge Lavalle.
Transcurridos los seis meses, la defensa de Lozoya y la Fiscalía General de la República, debido a la pandemia del Covid-19, acordaron extender el plazo de las investigaciones hasta abril del presente año. Cumplido el plazo, con el argumento de que los defensores de Lozoya requerían más tiempo para realizar las investigaciones complementarias, se les dio un nuevo plazo que culminó el pasado 12 de julio, fecha en la que se pidió una nueva postergación. Los benévolos jueces, reprogramaron la recepción de pruebas para mediados de agosto. Y así, entre pitos y flautas, el exdirector de Pemex lleva un año sin pisar la cárcel ni siquiera para su audiencia inicial.
A todo esto, ¿qué hacen la Fiscalía General de la República; los jueces federales; e inclusive, el Consejo de la Judicatura y demás vividores, padrotes de la Justicia, a la que befan, venden y violan impunemente? ¿Quieren una Consulta Popular?
Minuto a minuto
