En San Lázaro comenzará la batalla final sobre la iniciativa de reforma eléctrica. Y en el Senado, la oposición alzará la voz para exigir la renuncia del secretario de Gobernación
Adán Augusto López Hernández deberá pagar el costo de haber abrazado la causa obradorista en La Laguna. Aunque el secretario de Gobernación había perdido interlocución con el PAN —el único partido de oposición al que había invitado a dialogar—, el político tabasqueño también ha despertado rescoldos al interior de Morena.
¿El huésped del Palacio de Covián usó un jet de la Guardia Nacional para acudir a su destape en Torreón? “Me está ayudando en la transformación del país, no es precandidato a la Presidencia”, refutó Andrés Manuel López Obrador. La palabra presidencial, por más estentórea que sea por las mañanas, no puede negar la realidad.
La evidencia es irrefutable, pero el Ejecutivo federal insiste en que “una autoridad” debe sancionar la falta. Por lo pronto, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el Consejo General del INE, presentó una queja por presuntas violaciones a los artículos 35 y 134 de la Constitución y 33 de la Ley de Revocación de Mandato, así como del Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El INE tendría competencia si se acredita que López Hernández promovió la consulta sobre la Revocación del Mandato durante su estancia en Sonora y la Comarca Lagunera. El pretexto esgrimido por los integrantes del gabinete que dedicaron su fin de semana al activismo, es la defensa de la iniciativa de reforma eléctrica.
Vinculadas, las leyes de Responsabilidades Administrativas y de Austeridad Republicana también aplican en este caso y eventualmente, también a las secretarias de Energía, Rocío Nahle, y del Bienestar, Ariadna Montiel.
El título tercero de la Ley de Responsabilidades —reformada en el 2019— contiene el catálogo de faltas administrativas imputables a los servidores públicos. Las graves van del cohecho, el peculado, el encubrimiento, el desacato, el nepotismo y el desvío de recursos hasta el uso de información privilegiada, el tráfico de influencias, la contratación indebida, el conflicto de interés y el abuso de funciones.
Y el título tercero de la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana, también en vigor desde el 2019, marca las pautas para el “comportamiento probo y austero” de los servidores públicos.
El artículo 23 de ese ordenamiento prohíbe a los servidores públicos utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los relacionados con sus funciones. López Hernández podría argumentar que su estancia en Torreón ocurrió en su día de descanso y que se trató de una reunión privada. Incluso, de que dio cumplimiento a una instrucción presidencial.
Esos mismos argumentos podría emplear la secretaria Montiel, quien se trasladó a Toluca el pasado domingo 3 para encabezar una asamblea morenista a la que acudieron más de 3,000 personas en el Salón Rojo de la capital mexiquense. La organización estuvo a cargo del coordinador estatal de los programas federales, Juan Carlos González Romero. Y el tema —sin lugar a dudas— era la defensa del proyecto y del Ejecutivo federal.
En San Lázaro comenzará la batalla final sobre la iniciativa de reforma eléctrica. Y en el Senado, la oposición alzará la voz para exigir la renuncia del secretario de Gobernación. Al cierre de este espacio no había muchas intenciones en la bancada morenista para defenderlo en tribuna.
Efectos secundarios
AUSENCIA. El PRI desoyó el canto de las sirenas y decidió negar su respaldo a la iniciativa presidencial de reforma eléctrica. La decisión de la dirigencia nacional será respaldada por los diputados y senadores del tricolor, según anunció Alejandro Moreno Cárdenas, aunque no pasó desapercibida la ausencia del líder de la bancada en la Cámara alta, Miguel Ángel Osorio Chong, en el anuncio.
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