Lourdes Mendoza Peñaloza señala que con tanto manoseo y contradicciones de la concesión de ICA, en 2013 la ASF determinó ilegal haber añadido los nuevos tramos a la concesión original
El 5 de diciembre de 1990 la SCT otorgó a Consorcio del Mayab, formado por empresas de Yucatán y Campeche, el título de concesión por casi 18 años para construir la autopista de 250 km entre Mérida y Cancún, explotarla y conservarla.
Sin embargo, cuatro años más tarde el Consorcio del Mayab, en gran drama tipo Libertad Lamarque, pide ayuda y por la falta de aforo y la consecuente merma de sus ingresos, la SCT le autoriza la extensión al plazo de la concesión hasta 30 años. ¡Por favor, un pañuelo!
En 2011 la SCT le echó más leña al fuego a la sufrida y poco rentable concesión y extrañamente autorizó a ICA comprar la concesión y, en una gran maroma, logró la incorporación de los tramos Cedral-Tintal, de 10 km, y Tintal–Playa del Carmen-Cedral y Tintal de 44 km con una nueva prórroga de 30 años, ¡o lo que resultara necesario!
Con tanto manoseo y contradicciones de la concesión de ICA, en 2013 la ASF determinó –agarren un pan dulce– ilegal haber añadido los nuevos tramos a la concesión original y solicitó la intervención del Órgano de Control Interno. ¡Así como lo están leyendo!
La 4T y el T4 del TM, ¡aunque parezca trabalenguas!
A pesar de lo dicho por la ASF, y de la cantaleta de estar contra la corrupción, Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, decidió adjudicarle directamente a ICA la construcción del tramo 4 del Tren Maya que usará el trazo de la autopista Mérida-Cancún, con un contrato de 25 mil 800 mdp, más IVA, con el argumento de que la famosa empresa tenía los derechos exclusivos.
¡Quiúboles!
Lo que acaba de leer no equivale ni se podría equiparar con la planta chatarra de Agronitrogenados o a la Estafa Maestra, ojo, también detectadas por la ASF –no por la 4T– pero que le cayeron como anillo al dedo al gobierno de AMLO, para el golpeteo político y judicial.
¿O será que ICA aún cuenta con alguna arma secreta que convence a los más férreos luchadores contra la corrupción?
Pero la adjudicación de tan generoso contrato tampoco tuvo mucha pulcritud en su proceso que digamos, porque la Academia de Ingeniería, AC, contratada en septiembre de 2020 por Fonatur como testigo social (una de esas molestas figuras de las leyes neoliberales) así lo dejó plasmado en su testimonio, que pasó inadvertido, pero que puede consultarse en Compranet.
¿Qué detectó el testigo social?
- Se utilizaron las ofertas de los tres tramos adjudicados previamente promediando costos discordantes y no equiparables entre sí, o sea se mezclaron peras con manzanas, ergo los 25 mil mdp ¡son pura saliva!
- l testigo fue convocado en forma simultánea al proceso de adjudicación, sin darle oportunidad de una revisión preventiva. ¡O sea, a toro pasado!
- Consideró que Fonatur estableció artificialmente un plazo de cuatro meses para elaborar un proyecto ejecutivo, irreal para cumplir con los estándares de calidad necesarios.
- La propuesta de ICA adolece de productos entregables a favor de Fonatur. ¡A río revuelto!
- La oferta tampoco guarda lógica con el proceso constructivo o, mejor dicho, la otrora todopoderosa constructora ya recurrió al copy-paste y ni cuenta se da de lo que ofrece. El chiste es ganar el contrato.
Lo irónico es que…
Desde mayo de 2020 Ya Saben Quién pudo dar el banderazo de salida al tramo 4, cerró parcialmente la autopista y mostró ¡quién manda aquí!
La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero.
Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.
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