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En vez de mantener “la cabeza fría” —como suele decir— y “no caer en la provocación” —como sugirió la Secretaría de Relaciones Exteriores—, la presidenta Claudia Sheinbaum demerita su investidura emprendiendo una batalla jurídica contra el abogado de los hijos de El Chapo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, convertidos en testigos protegidos de las agencias estadunidenses.

Le plantearon ayer:

—Sobre estas declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán que ahora, después de lo que usted mencionó acerca de que eran irrespetuosas, volvió a decir que “la Presidenta actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder que merece el pueblo mexicano”.

Ella contestó:

—Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante.

“Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar, a través de la Consejería Jurídica.

“Y tercero, ya lo que dijo, no en relación a mi persona —porque no vale la pena entrar a eso—, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, es importante que la Fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas…”.

Abundó sobre el episodio de la detención y explicable liberación del divisionario Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional:

“Desde el sábado estaba revisando lo que se dijo aquí en la mañanera con el entonces presidente López Obrador. Tiene que aclararse todo ese tema, porque es muy claro que había inocencia (para qué entonces dizque aclararlo). Es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación, y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema”.

Si Sheinbaum dice que no va a establecer “diálogo con un abogado de un narcotraficante”, tan solo con aludirlo ya lo está haciendo, y ese intercambio amenaza continuar en tribunales (así sea a través de un representante).

Ayer aquí publiqué que con casos tan escandalosos y pendientes como el de la impune narcofiscalía de Sinaloa, al que hay que sumar la acusación contra el ex secretario de Seguridad de Tabasco ––santuario del ex presidente López Obrador— en el gobierno de Adán Augusto López por el supuesto liderazgo de La Barredora, la banda criminal que floreció durante esa administración, explican la reticencia del gobierno estadunidense a confiar en el de Claudia Sheinbaum.

Y también de no creerse: el coordinador de asesores de la Presidencia, ex vocero y diyey de López Obrador, Jesús Ramírez Cuéllar, replicó en redes una encuesta del casi desconocido en México Pew Research Center sobre la opinión desfavorable que tienen los mexicanos del delincuente convicto Donald Trump.

Siendo funcionario de primer nivel en la Presidencia de México, ¿cómo se leerá en la Casa Blanca esta innecesaria y cobarde actitud de lo que se puede interpretar como el parecer de la presidenta Sheinbaum?

¿Qué mano que no sea de López Obrador mece la cuna presidencial…?