La directiva de esa institución negó que el personal de limpieza estuviera contratado directamente y reconoció que la empresa Got Und Glück había ganado la licitación para prestar ese servicio durante el ejercicio fiscal 2024
La prestación de los servicios integrales de limpieza y mantenimiento de las oficinas gubernamentales ha captado atención mediática, por las malas razones. La fiereza de las firmas especializadas que participan en los procesos alcanza niveles bullangueros, que evidencian prácticas perniciosas, incluso de las autoridades administrativas.
En el sexenio pasado, estos contratos debían acogerse a un contrato marco, establecido por la Secretaría de Hacienda. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los dictámenes de estas licitaciones han sido sometidos a una rigurosa supervisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las decisiones de las áreas requirentes han tenido que ser corregidas y los contratos, reasignados.
El caso más reciente ocurrió en el ISSSTE, donde una de las partidas del contrato multianual para la limpieza de las clínicas, hospitales y laboratorios de esa dependencia —por 771 millones de pesos— fue retirada a la empresa Ocram Seyer-Wilk, después de que el Órgano Interno de Control hiciera observaciones que obligaran a corregir la licitación en dos ocasiones consecutivas, para evitar sanciones administrativas, nulidad del contrato por lesividad, rescisión por incumplimiento y hasta inhabilitación de la empresa.
El primer bloque de observaciones formuladas por el titular del OIC del ISSSTE, Luis Antonio García Calderón, ameritó una denuncia en la Secretaría Anticorrupción, suscrita por la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción.
Recientemente, los métodos de contratación de personal utilizados por las firmas que ofrecen este servicio a las instancias gubernamentales están bajo un arisco escrutinio, después de que las protestas y bloqueos en distintas sedes del Instituto Politécnico Nacional ante la falta de pago de sus sueldos.
La directiva de esa institución negó que el personal de limpieza estuviera contratado directamente y reconoció que la empresa Got Und Glück había ganado la licitación para prestar ese servicio durante el ejercicio fiscal 2024.
Debido a las manifestaciones procedió a una revisión del contrato y detectó irregularidades en materia de prestaciones, entre ellas, la falta de inscripción en el IMSS, por lo que rescindió el contrato que originalmente había asignado a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales.
El fallo fue impugnado, por lo que el Órgano Interno de Control ordenó reponer el proceso de contratación mediante una nueva convocatoria. El 19 de marzo de 2024, el contrato fue adjudicado a Got Und Glück pero lo perdió tres meses después, ante el escándalo. Adicionalmente, la entonces Secretaría de la Función Pública emitió una circular para instruir a las entidades y dependencias de la administración que se abstengan de aceptar propuestas o celebrar contratos con dicha firma.
En la licitación de este año, las autoridades de esa casa de estudios nuevamente fueron cuestionadas, ahora por haber asignado el contrato multianual —hasta el 2028— a la firma Servicios Integrales Retimar, pese a supuestas irregularidades en el proceso de compra IA-11-B00-011B00001-N-2187-2025.
De las denuncias contra el cartel de la limpieza a las quejas anónimas en las contralorías… a la cancelación de los contratos. Detectada esa ruta de descalificaciones, la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento ha decidido denunciar los incumplimientos de sus empleadores… y la primera queja ha sido la prestadora de los servicios de limpieza en las instalaciones del IMSS Bienestar.
El OIC de IMSS Bienestar —así consta en el oficio SABG/OICAYO/ADI/1573/2025— recibió una denuncia contra Armot, Seguridad Privada y Servicios Institucionales, pues de los 10,000 trabajadores que se comprometió a contratar para cumplir con el contrato —por más de 2,500 millones de pesos— solo tenía 754 trabajadores afiliados en el Seguro Social. La maniobra —subrayaron— equivale a una evasión laboral y fiscal de más de 20 millones de pesos al mes, con servicios ya activos desde junio en los estados de México, San Luis Potosí, Quintana Roo, Campeche y Colima.
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