El dictador populista de Venezuela, Nicolás Maduro, también va detrás de cuatro millones de viviendas de venezolanos que no las están ocupando
El pecado original de la transformación de Morena es que para nada es original, y copia retazos de los programas populistas de por ahí, como su propuesta para que el gobierno pueda verificar el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos.
Es una fórmula que está en el programa de Podemos, el partido populista de España creado con financiamiento de Hugo Chávez, y que plantea que quien no ocupe ni rente alguna vivienda de su propiedad, ésta pueda ser ocupada por alguna persona necesitada.
Lo notorio es que el líder de Podemos se compró, después de fundar ese partido, una residencia en las afueras de Madrid, que le costó más de 700 mil dólares, con 260 metros cuadrados habitables, dos mil metros de jardín y alberca.
El dictador populista de Venezuela, Nicolás Maduro, también va detrás de cuatro millones de viviendas de venezolanos que no las están ocupando, porque se han ido del país en espera de que mejoren algún día las actuales crisis económica y de seguridad.
La convocatoria de Maduro está disfrazada de “censo”, y es denunciada por dirigentes comunitarios y víctimas de invasiones como un operativo para ubicar inmuebles desocupados y llenarlos con usurpadores; e inmuebles en desuso para expropiarlos.
Aquí, Morena plantea que cada dos años el INEGI tenga acceso a la información bancaria y fiscal de la población, pueda verificar su patrimonio inmobiliario y financiero, para medir la desigualdad en el país.
¿Pero para qué? Si ya se sabe que la desigualdad bajó en México durante los gobiernos “neoliberales”, según acaba de publicar en una excelente gráfica el presidente, en su libro sobre “Nueva Economía”.
Además de que, bajo su actual marco legal, el INEGI puede realizar encuestas sobre desigualdad sin violar las garantías básicas de propiedad privada, y del derecho constitucional de los ciudadanos a no ser molestados.
Pero la propuesta del partido en el poder va de la mano con el proyecto del jefe del Ejecutivo de que “el Estado es el rector de las actividades del desarrollo nacional” y de freno (o entorpecimiento en todo lo posible) de la participación de la inversión privada.
De ahí la estrategia estatista del gobierno para reventar a pequeños y medianos empresarios, negándoles ayudas en la actual crisis económica. “Si tienen que quebrar, pues que quiebren”, advirtió el presidente.
Y quebrarán porque (aún con sus negocios cerrados) pagan sueldos, renta, luz, agua, IMSS, INFONAVIT y AFORE. El plan es quedarse sólo con algunos grandes empresarios amigos, a quienes otorga a dedo las inversiones del Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía…
En ello termina todo lo que pretenda Morena: en conseguir el control del Estado sobre la vida de los ciudadanos.
No se busque más.
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