Al igual que en otras conmemoraciones, la desangelada pero escandalosa marcha de ayer deshonró de nueva cuenta (González de Alba tenía razón) el significado profundo del Movimiento Estudiantil y la memoria de quienes murieron en la Plaza de las Tres Culturas
La última vez que burócratas de la capital fueron usados en masa para algo relacionado con el Movimiento Estudiantil fue el 28 de agosto de 1968: el gobierno quiso que escenificaran una “ceremonia de desagravio” a la Bandera nacional porque la noche anterior, en la monumental asta de la Plaza de la Constitución, había sido izada la internacional de huelga en la más concurrida manifestación que se recuerde. Algunos indignados empleados del entonces Departamento del Distrito Federal empezaron a corear “¡No somos borregos, no somos borregos…!”, y a la consigna se sumó el resto de acarreados y todos fueron reprimidos (corretizas, macanazos y detenciones) por la policía y el Ejército.
51 años después fueron muchos más los servidores públicos que los marchistas (probablemente el doble) quienes participaron en la conmemoración luctuosa: 12 mil civiles obligados a dejarse usar para integrar “cinturones de paz” y dos mil 500 policías, ninguno de los cuales sirvió de algo frente a un triste centenar de delincuentes.
Desde la noche del lunes, plazas, calles y fachadas del centro de la capital del país me hicieron imaginar una peculiar versión de ciudades medievales que anticipada y cobardemente claudicaron ante el inminente arribo de las hordas de Atila.
Con una fuerza policiaca cercana a los 90 mil efectivos, la medrosa autoridad fue incapaz de impedir el ataque de los mismos pandilleros: mujeres y hombres que en unas cuantas semanas han vandalizado instalaciones públicas y privadas, lo mismo en la protesta contra violaciones y feminicidios que en la marcha por Los 43 o la de apoyo al derecho de abortar. Todavía la mañana de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su permisiva política de seguridad con eso de que está dispuesto a “acusar” con sus “mamás, papás y abuelos” a quienes, en vez de someter, intenta neutralizar con el epíteto ideológico de “conservadores” y el suave pétalo de que son unos “malcriados”.
Con la obligación primigenia de garantizar la seguridad de la población y los bienes públicos, así como la facultad constitucional de disponer de la fuerza del Estado, el gobierno prefirió experimentar el irresponsable “protocolo” de arriesgar la integridad física de sus empleados en eventuales enfrentamientos con vulgares pandilleros decididos a cometer, como se vio, impredecibles actos criminales.
Al igual que en otras conmemoraciones, la desangelada pero escandalosa marcha de ayer deshonró de nueva cuenta (González de Alba tenía razón) el significado profundo del Movimiento Estudiantil y la memoria de quienes murieron en la Plaza de las Tres Culturas (y el Casco de Santo Tomás, la voca Siete que estaba en Tlatelolco y otros lugares emblemáticos del 68) por la participación de delincuentes tolerados, la estéril “custodia” gubernamental a los manifestantes y la falta de frescura y espontaneidad de los participantes.
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