Desde el mes de julio del año pasado, cuando llegó a México extraditado de España, el exdirector de Pemex que fue vinculado a proceso por los cargos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero
A raíz de la manera de exhibirse, en plena libertad, del delincuente —testigo protegido— Emilio Lozoya, la opinión pública ha percibido que en materia de impunidad en el gobierno de la 4T no se ha avanzado nada. (Se supo que su abogado defensor lo disculpó con el argumento de que si bien fue a un restaurante, de cenar pidió sólo pan y agua).
Desde el mes de julio del año pasado, cuando llegó a México extraditado de España, el exdirector de Pemex que fue vinculado a proceso por los cargos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, no ha visto una cárcel ni en fotografía. En cuanto llegó fue trasladado, no al Reclusorio Norte como le correspondía, sino a un hospital porque, según se dijo, venía con anemia —después de comer en España, como ahí se come, tener anemia es como estar casado con la cantante Rihanna y decir que se padece inhibición sexual—; otra enfermedad que presentaba el recién llegado era el síndrome de Barret, que suena muy científico, pero que no es otra cosa que el reflujo gástrico, causado por la ingesta desmedida de jamón Jabugo, mariscos del mediterráneo, fabada y paella, todo rociado con Chateau Petrus.
Tras ser dado de alta en el hospital, donde compareció ante la justicia a través de videollamadas, Lozoya firmó el libro de procesados ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, mediante el correo electrónico debido a las medidas precautorias tomadas por la pandemia de Covid-19. Según se ha sabido, así, de manera no presencial, ha seguido firmando cada quince días.
A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció el riesgo de que el acusado pudiera huir del país, no solicitó mantenerlo en prisión preventiva -más que merecida-, únicamente incautó su pasaporte y le colocó un brazalete electrónico que no le impide levantar el brazo para decir salud.
Mientras tanto, sólo uno de los políticos implicados en el caso Lozoya —se habla de 16 entre ellos Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Luis Videgaray— el exdiputado panista Jorge Luis Lavalle, está en prisión. Con esto se demuestra —parafraseando a George Orwell— que ante la justicia todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. O como recordó el analista político Alfonso Zárate que decía un exprocurador: “La ley es la misma para todos, menos cuando no”.
El presidente López Obrador al referirse a la presencia de Lozoya en el restaurante dijo que era legal, pero “inmoral, imprudente, indignante, una provocación”. Recomendó a la FGR, informar del estado del caso (ésta que tiene la velocidad de una Comodore 64 nos informará cualquier año de estos). Reiteró su confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero —debería sugerirle su jubilación—. “Espero que le alcance el tiempo (¿de vida?) y que todo esto se aclare y se haga justicia”
Una observación, cuando algo no funciona el presidente le da crédito al encargado de hacer esa labor como es el caso de Gertz Manero, habilidosa práctica para que el descalificado por la sociedad sea el funcionario y no el mandatario.
Una aclaración, cuando pido la jubilación del Fiscal General de la República no lo hago con ánimo de deshonrar su longevidad. Lo que sucede con don Alejandro es que considero que el cargo no va con su edad. La fiscalía requiere dinamismo, celeridad, juventud. Pienso que en la senectud se puede ser útil, siempre y cuando el trabajo que se desempeñe sea congruente con los años que se tienen. Yo soy septuagenario y aquí sigo dándole. No tengo nada contra la vejez —si lo tuviera lo estaría tomando—.
La primera mujer de Oaxaca que interrumpirá, legalmente, su embarazo, recibió cita en el Seguro Social para dentro de 18 meses.
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