La utilidad social de esas instituciones, pero sobre todo la pertinencia de los planes para extinguirlas, están en la mesa. Pero no hay respuesta
Parece inevitable, pero aún queda un espacio para el diálogo. Mañana, en San Lázaro, comenzará la discusión, en lo general, del dictamen que sancionó la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Y la siguiente semana, entrarán al Pleno la reforma que para incorporar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas y la iniciativa que amplía los derechos de las comunidades originarias. Enseguida, comenzará la definición del paquete presupuestal para el 2024.
La suerte de los órganos constitucionales autónomos está en manos del Poder Legislativo. La votación en el Pleno de la Cámara de Diputados del dictamen aprobado en la comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión podría irse incluso hasta octubre.
En la primera etapa, de acuerdo con el cronograma sustentado por el líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal Ávila en Palacio Nacional, ocurrirán esos cambios en la Constitución. La minoría opositora y amplios sectores sociales han expresado su preocupación por las posibles vulneraciones a la privacidad y la independencia judicial, y el riesgo de abusos castrenses y detenciones arbitrarias.
Entre los órganos constitucionales autónomos que están en riesgo, el Coneval y Mejoraedu, éste último producto de una reforma constitucional promovida por la Cuarta Transformación en el 2019 y que mandató la instauración de un sistema nacional de mejora continua para la educación.
En su campaña presidencial, AMLO se había comprometido a eliminar “la evaluación punitiva” a la que el Pacto por México sometió al personal docente del sistema educativo. El primer paso para cumplir con su palabra ocurrió con la desaparición del INE y culminará con la eliminación de la USICAMM, anunciada por Claudia Sheinbaum.
El INEE nació en el 2002 y en el 2019 fue sustituido en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, instancia que tendría una existencia aún más breve. Actualmente cuenta con una plantilla de 568 empleados que además de la reconversión institucional fueron resilientes a la pandemia y a la implantación de la llamada Nueva Escuela Mexicana.
Mejoraedu es un organismo descentralizado de la SEP y cuenta con autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión. No obstante, los integrantes de su Junta Directiva se habían abstenido de participar en las discusiones sobre el llamado “Plan C”… hasta ayer, que su titular, Silvia Valle Tépatl, propuso a los legisladores “una revisión de su estructura y funciones”, que fortalecería su operación y alcance.
La simplificación administrativa, es el leitmotiv de la iniciativa de reforma: Mejoraedu duplica funciones de la SEP y las autoridades educativas estatales y el Inai, tareas que corresponden a la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Como previamente hizo Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Inai, Valle Tépatl formuló a los directivos de la Cámara de Diputado una petición para dialogar sobre la naturaleza de las atribuciones de los órganos autónomos.
La utilidad social de esas instituciones, pero sobre todo la pertinencia de los planes para extinguirlas, están en la mesa. Pero no hay respuesta.
“Desaparecer al Inai representaría de facto un gran retroceso en la democracia, pero sobre todo para los derechos humanos en México, lo cual afectaría seriamente la capacidad de proteger estos derechos”, alertó Alcalá Méndez.
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