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La complicidad de los consejeros del INE con el engendro de la elección judicial apenas puede exagerarse. De entrada, no tuvieron el coraje político necesario para declarar su incompetencia técnica en el asunto.

No pudieron decir, como institución, que inventar unas elecciones para distritos judiciales, sin partidos políticos, ni demarcaciones ad hoc, ni experiencias previas, no era su misión, ni su especialidad.

La de nadie: el único país que ha intentado una cosa así, con funestos resultados, es la Bolivia de Evo Morales.

Pero los consejeros del INE dijeron sí, encabezados por su presidenta, Guadalupe Taddei, y se lanzaron a la aventura, contando con la ignorancia de la ciudadanía sobre el tema, y con que la voz de los especialistas no tendría tracción en la opinión pública, ni sería escuchada por el gobierno, empezando por el propio INE.

No hicieron bien las cuentas de los costos ni de las dificultades de la elección judicial. Por ejemplo, en su hecho clave: la participación de miles de candidatos desconocidos, a los que habrá que votar por su nombre, y cuyo despliegue en las boletas de votación no será inteligible para ningún votante normal.

Nadie podía entender tan bien como los consejeros del INE la inviabilidad técnica de la aventura. Pero simularon que el engendro era sólo una variante de otras elecciones, las que sí conocían, y nadaron, sincronizada e irresponsablemente, en la piscina sin agua que les puso el gobierno.

Autorizaron al propio gobierno a promover las elecciones, cuando lo tenía prohibido. Al final, nos darán una elección jibarizada, de pocas casillas, cuyos votos no serán contados por los ciudadanos, sino por los funcionarios del INE.

Decidieron, por último, que las boletas sobrantes de la votación no se cancelen sino se devuelvan, intocadas, a los centros de cómputo. ¿Para qué? ¿Para multiplicar a mano los votos?

La maquinación de estas elecciones es clara hasta para la prensa extranjera, que tarda en tomar nota de nuestras cosas.

Todavía hay tiempo para que los consejeros del INE que no están de acuerdo levanten la mano y expresen su rechazo a esta maniobra, que pondrá el Poder Judicial en manos del gobierno.