En las distintas iniciativas legales de la reforma judicial que se cocina en el gobierno hay una lista de focos rojos increíble
En las distintas iniciativas legales de la reforma judicial que se cocina en el gobierno hay una lista de focos rojos increíble.
Con focos rojos me refiero a cambios que darían a la Fiscalía General de la República y al gobierno mismo facultades de detención, acusación y castigo que, en su conjunto, supondrían una suspensión de las garantías individuales.
Las leyes nuevas permitirían:Arraigo de 40 días para todos los delitos (antes solo para el caso de delincuencia organizada) que por su relevancia deriven en “una amplia cantidad de actos de investigación”.
Detención inmediata hasta por 48 horas, en casos de urgencia, sin orden de detención; validez de pruebas obtenidas ilegalmente, en violación del debido proceso, por tortura, fabricación de evidencia o testimonios falsos, si el juez juzga que esas pruebas son pertinentes.
Cateos sin orden judicial a solicitud de la víctima; desaparición de los “jueces de control” que vigilan en cumplimiento del debido proceso; pena de cárcel para quien haga imputaciones que pueden causar deshonra, descrédito, perjuicio o desprecio.
Se considerarán delitos contra la paz pública las declaraciones llamadas a desprestigiar o ridiculizar instituciones y personas, así como la publicación de noticias falsas.
Quedarían autorizadas las intervenciones telefónicas en la investigación de temas electorales y fiscales; a contracorriente de la “presunción de inocencia”, aparece el concepto de “presunción de responsabilidad”, según la cual todo imputado que se niegue a ser examinado por peritos, acepta su culpabilidad.
Se crean tribunales para juzgar a jueces, cuyos magistrados serán nombrados por el Senado de ternas enviadas por el Ejecutivo.
Estos y otros focos rojos traslucen la urgencia política de dar una respuesta al desorden criminal del país con un gobierno de mayores facultades punitivas.
Se trata, dice Ana Laura Magaloni, de darle “subsidios autoritarios” al Estado para que “pueda haber menos impunidad” (“Regresión autoritaria”, 18/1/20).
En cierto modo lo que haría la reforma es trasladar la impunidad del campo del crimen a la impunidad en el campo del gobierno. No parece la mejor de las combinaciones.
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