Antes de tener un juicio y una sentencia, el gobierno podría tener en prisión a quien acusa, despojado de su libertad y de sus bienes
Trataré de listar en mi columna de mañana los focos rojos de la reforma judicial en marcha, cuya primer defecto de origen es que falta en ella el punto de vista de la Suprema Corte y de la Judicatura misma.
Creo que los focos rojos de que hablo deben leerse en sintonía con lo legislado previamente. Desde el punto de vista de las libertades públicas y de las garantías constitucionales, en 2019 se hizo ya una preocupante reconfiguración de los delitos y las penas.
Llamo la atención sobre el triángulo legal que incluye: 1. Ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva forzosa; 2. Equiparación de delitos fiscales con delincuencia organizada, 3. Extinción de dominio sobre bienes que se supongan de procedencia ilícita.
Cada una de estas leyes tiene una lógica de combate a la impunidad. Tiene también sus restricciones garantistas. Pero la combinación de estas leyes, aplicadas simultáneamente a un individuo o a una sociedad de individuos, puede suspender de facto y de jure garantías individuales consignadas en la Constitución.
Combinando esas tres leyes, el gobierno podría acusar a alguien de defraudación fiscal, elevar el delito a la condición de delincuencia organizada, decretar la prisión preventiva del acusado y extender una orden de extinción de dominio sobre los bienes y recursos económicos del preso.
Antes de tener un juicio y una sentencia, el gobierno podría tener en prisión a quien acusa, despojado de su libertad y de sus bienes.
Ningún gobierno, ningún gobernante puede ser titular de estos poderes sin amenazar las garantías de sus ciudadanos. No importa cuán bien intencionadas sean esas leyes ni cuán honrados y rectos el gobierno y los gobernantes.
Si la Corte no revisa, niega o ajusta estas leyes, que han sido aprobadas ya por el Congreso, quedará instalada en nuestra democracia el huevo de la serpiente de una tiranía legal.
O, si se prefiere, de una discrecionalidad legal para privar a los acusados de su libertad y de su patrimonio, antes de que haya tenido lugar un juicio o una sentencia contra ellos.
Muchos de los focos rojos de la reforma judicial anunciada van en este camino.
Mañana: los focos rojos.
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