Tal emplazamiento materializa una forma de presión institucional e intimidación indirecta al ejercicio periodístico, consideró la Sociedad Interamericana de Prensa
Los síntomas de un entorno institucional crecientemente hostil al periodismo en México son visibles y preocupantes para distintas instancias enfocadas a la protección de la libertad de expresión. Ahora, las autoridades electorales, tanto las administrativas como las jurisdiccionales, buscan inhibir la crítica y fiscalización del poder.
Ante recientes decisiones judiciales que vulneran la libertad de expresión, iniciativas legislativas regresivas y presiones administrativas, los medios de comunicación independientes quedan sujetos a las reglas de la profesión periodística, pero también al marco normativo y regulatorio impuesto por la ley.
En las redes sociales han proliferado las denuncias de influencers y reporteros sobre los emplazamientos de la autoridad electoral para que respondan cuestionamientos sobre la forma en la que obtuvieron y difundieron los acordeones, en vísperas de la elección extraordinaria del pasado 1 de junio.
Uno de los casos más visibles ocurrió con la exigencia a La Silla Rota para aportar documentos, videos y fuentes a la indagatoria, so pena de la imposición de una sanción económica que alcanzaría 11 millones de pesos en caso de incumplimiento. Los editores de ese medio nativo digital consideran que las autoridades jurisdiccionales pretenden vulnerar su derecho constitucional al secreto profesional y la protección de fuentes.
Tal emplazamiento materializa una forma de presión institucional e intimidación indirecta al ejercicio periodístico, consideró la Sociedad Interamericana de Prensa.
La directiva del INE ha tenido que atender las críticas públicas y los reclamos formulados —por distintas instancias y personales— por la imposición de límites a la libertad de expresión y los emplazamientos para informar sobre el acopio de los acordeones formulados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Los formularios que reporteros y editores debieron responder —acotaron— están vigentes desde la instauración del INE y no hay forma de eximir el cumplimiento de esa obligación. En el último de los casos —previenen— los magistrados del Tribunal Electoral tendrán la última palabra.
El INE deberá acatar las resoluciones de la instancia jurisdiccional. Mientras, adopta una actitud proactiva. Por instrucción directa de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, implementará una serie de cursos de sensibilización dirigidos al personal de la UTCE, para promover el uso de un lenguaje más claro, comprensible y ciudadano en las comunicaciones oficiales, especialmente en lo que respecta a requerimientos y notificaciones.
“La legalidad no está reñida con la empatía”, refieren y aceptan que la instrucción de la presidenta consejera busca atender las inquietudes manifestadas por periodistas y personajes públicos que han recibido notificaciones del INE en el marco de investigaciones por posibles irregularidades ocurridas durante la elección extraordinaria de cargos judiciales.
De tal forma, en vez de escalar el conflicto, el INE opta por tender puentes y fortalecer su vínculo con la sociedad, sin dejar de cumplir con sus funciones legales.
Efectos secundarios
DESMENTIDO. El Servicio de Administración Tributaria atajó las versiones difundidas en algunos medios de comunicación, respecto a una supuesta eliminación o sustitución de la Constancia de Situación Fiscal. Y reiteró que no ha lanzado un nuevo documento para sustituirla, mientras que la Cédula de Datos Fiscales (CDF) es un documento complementario creado en 2023 para facilitar al contribuyente el acceso a sus datos fiscales.
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