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En su pretensión de fulminar a las mafias del poder, los directivos del Instituto Fonacot decidieron hace seis meses cancelar unilateralmente los contratos con las aseguradoras que daban cobertura a beneficiarios de los créditos al consumo. Y en vez de los seguros, constituyeron un Fondo de Protección de Pagos, consistente en el pago de hasta seis mensualidades en caso de desempleo, o la liquidación del crédito, en caso de invalidez, incapacidad permanente total o fallecimiento del acreditado, pero siempre y cuando los recursos del fondo sean suficientes.

A partir de agosto pasado, los trabajadores con un crédito Infonacot quedaron obligados a realizar aportaciones al fondo, con una cuota de 3.08% al millar, a cuentas individualizadas. Sin notas técnicas para demostrar la viabilidad del fondo —ahora se sabe— la cuota fue elaborada con base en una fórmula que consideraba la mutualización de riesgos, similar a las primas de seguros. Y el saldo no sería suficiente para protegerlo, en caso de desempleo, o para cubrir los saldos insolutos.

A seis meses de la suspensión de los contratos con las aseguradoras, la directiva del instituto encabezado por Alberto Ortiz Bolaños no ha logrado la autorización del consejo para la plena operación del Fondo de Protección de Pagos. En este lapso, los recursos acumulados en una cuenta de Banca Afirme podrían violar la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, además de otras disposiciones normativas vigentes para la Secretaría de Hacienda.

Ortiz Bolaños y su director de finanzas remitieron a los consejeros copia de la resolución del titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Carlos Noriega Curtis, sobre la legalidad del Fondo de Protección de Pagos. Pero el oficio

366-III-39/19 sólo determinó que sus operaciones no se consideraban una operación activa de seguros, sin convalidar ni prejuzgar sobre otros permisos o autorizaciones requeridas para su funcionamiento.

El Fondo de Protección de Pagos, constituido con aportaciones de los trabajadores, no es un seguro ni el Infonacot puede regirse como una sociedad mutualista. Y si las aportaciones resultan insuficientes para cubrir los saldos insolutos de los créditos al consumo, ¿hasta cuándo ocurrirá el ajuste? De acuerdo a la versión final de los lineamientos —según consta en el oficio DG/AOB/02/09/2019— esa determinación recae en el Consejo Directivo, cuya primera sesión del 2020 ocurrirá esta misma semana, aunque el organismo no está obligado a cubrir las posibles insuficiencias.

Esos lineamientos también contemplan expresamente que el Infonacot no realizará aportaciones al fondo y que tanto el pago de las mensualidades como la liquidación del crédito serán hasta por el monto de los recursos disponibles en el fondo. Si los consejeros del Infonacot vuelven a oponerse a sus propuestas, ¿Ortiz Bolaños mantendrá su cargo?

Efectos secundarios
ENCAMINADOS. En el 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social firmó contratos por adjudicación directa con proveedores y contratistas, por casi 40,000 millones de pesos, con lo que se colocó como la entidad de la administración pública federal que más recurrió a esa figura. La segunda fue Segalmex. Valgan estos datos para recordar que está en ciernes la adjudicación de los contratos para cubrir el servicio médico integral de estudios de laboratorio cínico para los ejercicios 2020-2022 y el banco de sangre, que suman casi 19,000 millones. Es la licitación pública electrónica internacional LA-O5OGYR988-E7-2019. El 8 de noviembre del 2019 inició el procedimiento, que concitó a 46 empresas. En el camino, representantes de pequeños y medianos laboratorios denunciaron a los grandes empresarios, presuntamente coludidos con funcionarios y exfuncionarios de la institución. Pasado el primer puente largo del 2020 —el próximo martes 4—, ocurrirá la presentación y apertura de proposiciones de los 37 licitantes que al final hicieron 2,187 preguntas y estarán en posibilidad de obtener los contratos. Y hasta el 3 de marzo emitirá el fallo. Mientras, el director general de IMSS, sin preocupaciones, atiende las recomendaciones de los expertos integrados a un “cuarto de guerra” que trabaja, con miras al 2024.

CONTRIBUCIONES. La industria eólica nacional ha atraído más de 7,600 millones de dólares de inversiones a México y tiene el potencial de generar por lo menos 35,000 empleos en los próximos cinco años. Esto, si las condiciones para que las inversiones en proyectos de parques eólicos se mantienen, así como un marco jurídico que promueva certidumbre para los generadores. La próxima semana, la 4T presentará el plan de inversión en el sector energético.