Todavía el pasado martes 18 llegaron quejas contra la convocatoria a ese Congreso y los resolutivos que derivaron en la unción de Ramírez Cuéllar
Han pasado tres semanas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nuevamente aplazaron resolver los juicios interpuestos por los dirigentes de Morena.
El partido oficialista acumulará un mes en la indefinición jurídica. Alfonso Ramírez Cuéllar y Yeidckol Polevnsky se ostentan —por separado— como presidentes y están acompañados por sus respectivos comités ejecutivos, mientras que los presidentes del Consejo Nacional, el Instituto Nacional de Formación Política y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sólo reconocen la autoridad del exdiputado federal, quien cubriría —si lo autorizan los jueces electorales— un semestre de interinato, mientras ocurre el Congreso Nacional electivo.
Bertha Luján encabezó, el pasado 26 de enero, el congreso extraordinario en el que Ramírez Cuéllar fue designado presidente sustituto. Desde entonces y hasta hace dos semanas se acumularon 90 juicios para la protección de los derechos políticos del mismo número de militantes, entre ellos: Alejandro Rojas Díaz Durán, asesor del senador Ricardo Monreal Ávila; Sergio Leonel Yáñez Centeno Cabrera, hermano del coordinador de Política Interior de la Presidencia de la República, y la misma Polevnsky, quien además interpuso un juicio electoral, en su carácter de secretaria general en funciones de presidenta del CEN (por prelación quedó al frente del partido hace tres años, cuando AMLO renunció a la dirigencia partidista).
Todavía el pasado martes 18 llegaron quejas contra la convocatoria a ese Congreso y los resolutivos que derivaron en la unción de Ramírez Cuéllar. El presidente del Tribunal Electoral, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, expidió los acuerdos que radicaron la mayoría de esos expedientes a la ponencia del magistrado Indalfer Infante González.
El conflicto por la presidencia de Morena sería finalmente resuelto en la sesión pública, programada para ayer. Pero en el antepleno —privado— no hubo consenso, después de que fuera filtrado el proyecto de sentencia, en el que se decretaba que la prórroga del interinato de Polevnsky había concluido desde el pasado 20 de noviembre.
El diferimiento de la sesión fue decretado a las 2:00 de la tarde. Y los asuntos enlistados serán resueltos “hasta nuevo aviso”. Ya sin preocupaciones, la magistrada Janine Otálora viaja a Cancún para postular una ponencia sobre fake news y justicia electoral en la Cumbre Mundial de Comunicación Política.
Efectos secundarios
TRANQUILO. El embajador Edgar Elías Azar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, pasó ayer la tarde en Polanco. Una comida frugal en un restaurante discreto en la zona hotelera, acompañado por su esposa, no le impidió saludar a los comensales que lo reconocieron.
A dos calles, un poco más tarde, fue detenido el abogado Omar Olvera Monroy, aunque no quedó claro si su presentación ante las autoridades judiciales está vinculada a sus actividades en el outsourcing o por sus ligas con Fabián Narváez Tovar y Emilio Lozoya Austin.
MENSAJES. Informes preocupantes han sido remitidos a la dirección general del IMSS. Un bloque de empresas habría pactado cotizaciones, en la licitación del servicio integral de laboratorios de análisis clínicos convocada por la institución encabezada por Zoé Robledo. Un efecto dominó, pues esas farmacéuticas ejercerían presión a los grandes fabricantes (Roche, Siemens, Abbott, Beckman Coulter, Ortho Diagnostics, Bio-Rad, IL Werfern, Grifols, Terumo) acceder a un descuento extra, de 15 por ciento. De no hacerlo, amagarían con no comprar productos en los lugares donde actualmente tienen contratos en los tres niveles de gobierno. Al respecto, ayer mismo, el IMSS hizo público un peculiar posicionamiento: a través de su Oficialía Mayor, la SHCP es la encargada de realizar las compras consolidadas de medicamentos en el país, por lo cual el instituto no es el responsable de coordinar ni llevar a cabo esta tarea. El mecanismo para que funcione la compra consolidada consiste en que cada hospital o institución pública envíe sus requerimientos y la Oficialía Mayor de la SHCP realiza la operación. ¡Órale!
REBASADOS. Los empresarios dedicados a la fabricación y comercialización de cigarros electrónicos habían apostado al cabildeo con los legisladores que dictaminarán sobre el control de esos productos. Sin reservas, acudieron a un foro convocado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para debatir sobre las alternativas al consumo de nicotina y su regulación, al que también acudieron expertos internacionales, entre ellos Mitch Zeller, de la FDA. En esas estaban cuando el Ejecutivo federal emitió el decreto que prohíbe la importación de esos productos, en una acción tendiente a eliminar el riesgo a la salud, principalmente de niños y jóvenes. La decisión del Ejecutivo sobrepasa el diálogo y podría derivar en la proliferación de un mercado ilícito.
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