Los más realistas morenistas han empezado a aceptar el hecho de que los montos multimillonarios de dinero que exigen sus programas ya no será posible financiarlos, como antes, con los guardaditos de una década
Algunos de los exégetas de la IV-T han empezado a advertir que el sector público necesita recursos para sus programas sociales y se acerca el momento para pensar en discutir la posibilidad de una reforma fiscal.
Los más realistas morenistas han empezado a aceptar el hecho de que los montos multimillonarios de dinero que exigen sus programas ya no será posible financiarlos, como antes, con los guardaditos de una década.
Con la pena, pero por urgente fue fuera una reforma fiscal, la prioridad es que Morena gane las elecciones de 2027 y el Gobierno ni siquiera la considerará hasta 2028.
¿Qué hacer con los espías rusos?
Publica el New York Times un reportaje que narra la ambigüedad durante el pasado sexenio en la relación bilateral, aprovechando que Biden tenía otros pendientes y se conformó con que le detuvieran las caravanas de migrantes y no les dejaran llegar hasta la frontera con México.
Según el diario, el Gobierno estadunidense advirtió varias veces al expresidente López Obrador de la red de espionaje rusa que opera en CDMX y algunos destinos turísticos y la lista de personal diplomático que la controla, pero aquí no se hizo nada.
Quizá la revelación es parte de las presiones estadunidenses sobre México, pero Palacio no puede ignorarla, porque la Casa Blanca está tan preocupada que en su embajada designó el pasado agosto un funcionario para que vigile las actividades rusas en México.
Siguen los jueces sin rostro
La avalancha de reformas que consolidan el Poder de Morena, habíamos olvidado la iniciativa de los jueces sin rostro, la cual, como otras iniciativas se pospuso para ser discutida el próximo febrero.
La figura de los jueces sin rostro, implica designar juzgadores cuya identidad sea anónima en casos de delincuencia organizada, para protegerles de las represalias de los capos.
Desde su planteamiento, se advirtió que la iniciativa violaría los derechos de los acusados, a quienes la Constitución les garantiza conocer a su acusador y a quien les juzgue. Aprobarla sería aceptar que la crisis de seguridad no ha mejorado.
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