Ese modelo está centrado en la integración de un “gabinete de coalición” y un consejo de notables, para construir el programa de gobierno
Aun antes de bajarse de la carrera por la sucesión presidencial, Alejandro Moreno Cárdenas sostenía que la única posibilidad de derrotar a Morena en los comicios del 2024 radica en suscribir un gran frente opositor que incluya al Movimiento Ciudadano.
Desde su llegada a la presidencia nacional del PRI, hace tres años, el exgobernador de Campeche privilegió una política de alianzas con el PAN y el PRD. ¿Las excepciones? Las entidades que “reservó” el PAN —Querétaro y Guanajuato, en 2021—, además de Oaxaca y Quintana Roo, este año, donde los partidos decidieron ir por separado, para refrendar sus registros como partidos locales y mantener las prerrogativas.
Para el 2023, la cúpula priista insiste en la coalición total para enfrentar al aparato morenista en Coahuila y el Estado de México. Ambas entidades tienen gobernadores priistas, pero tienen fuerte presencia del PAN, tanto en la Laguna coahuilense como en la zona conurbada a la CDMX.
Hace seis años, el PRD y MC impulsaron —cada uno por su cuenta— sendas iniciativas de una nueva Ley de Gobierno de Coalición, pero quedaron en la congeladora legislativa. En este sexenio —también por separado— el senador perredista Miguel Ángel Mancera y la diputada priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, han propuesto legislar en la materia.
Hace 25 años, la oposición al PRI tuvo entre sus ideólogos al jurista Diego Valadés y como bandera, los gobiernos divididos. Ahora, la dirigencia priista —a través de Herrera Anzaldo— pugna por un modelo para el 2024 que daría rumbo a un “gobierno compartido”… si Morena entrega el poder.
Ese modelo está centrado en la integración de un “gabinete de coalición” y un consejo de notables, para construir el programa de gobierno. Y la diputada mexiquense lo llevó —el pasado 6 de julio— a la Comisión Permanente.
Una propuesta similar está en la mesa de negociación de Sí por México, incluso antes de que los aspirantes a la gubernatura del Estado de México buscaran acortar distancias con la favorita, Delfina Gómez Álvarez.
En la construcción del acuerdo político para el 2023, según Alito, primero deben pactarse las reglas. Luego la definición de la propuesta conjunta. Y al final, la definición sobre la candidatura de la coalición. En esa ruta, el PRI mandó una señal indubitable de su disposición, con la iniciativa presentada por Herrera Anzaldo para “asentar las bases de un buen gobierno de coalición”.
De tal forma que según el porcentaje de votos que obtengan los partidos que conforman la coalición y sobre esa base se repartirán los cargos en el gobierno.
Alito insiste en la aceptación al modelo del gabinete de coalición para posteriormente dar paso al voto directo, para seleccionar al aspirante mejor posicionado. Para organizar esa elección interna pedirían la intervención del INE y cada partido presentaría una propuesta.
Con Enrique Vargas y Alejandra del Moral por la libre, las dirigencias de los partidos de oposición insisten en un método que sea atractivo, incluso a Movimiento Ciudadano. Y dejarían a la voluntad popular definir al rival de Delfina Gómez.
Efectos secundarios
PRECEDENTES. El estilo personal del Ejecutivo permitió que simultáneamente y sin exabruptos, dos de sus colaboradores compartan responsabilidades de una cartera federal. Delfina Gómez se mantuvo ¡tres semanas! al frente de la SEP mientras preparaba a Leticia Ramírez. Y Miguel Torruco deberá preparar la entrega de la Secretaría de Turismo, luego de que el Ejecutivo federal confirmara que Carlos Joaquín González se sumará a su equipo de trabajo, nomás entregue la gubernatura de Quintana Roo. También soplan vientos en las secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, y en Economía.
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