Pese a todo, el lopezobradorismo se apresta a consumar la dinamitación de la separación republicana de poderes valiéndose inclusive de gerifaltes del crimen organizado para promover la asistencia de pobres a los centros de votación
Por si no fueran obvias las trampas, ilegalidades y mentiras en que se cocinó la demencial “elección popular” de jueces, magistrados y ministros, las listas que aparecerán en las boletas constituyen en sí mismas un evidente fraude: la paternidad de la tercera parte de las más de tres mil postulaciones para cargos federales es bastarda del Poder Legislativo, ya que no fue engendrada, como afirma el oficialismo, por el Poder Judicial.
En acatamiento a suspensiones dictadas por jueces de amparo, el Comité Evaluador del Poder Judicial frenó sus tareas antes de someter a examen de idoneidad a los preseleccionados, y fue por orden del triunvirato que domina el Tribunal Electoral que el Senado, mediante una tómbola de feria, oficializó la lista definitiva de los candidatos.
El recordatorio viene a cuento por el escándalo de los “no elegibles” señalados de tener ligas con la delincuencia organizada y haber cometido supuestos abusos y marrullerías.
Al respecto, tanto el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, como la presidenta Claudia Sheinbaum, minimizan el problema limitándolo a “una veintena” de casos y anticipan que será su incondicional Tribunal Electoral quien hallará la forma de invalidar a los indeseables.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) sostiene que el reconocimiento por parte de Sheinbaum y Fernández Noroña confirma sus advertencias sobre los riesgos de la reforma impulsada por el obradorato, misma que consideran una amenaza directa a la independencia judicial y los derechos humanos.
Lejos de constituir un acto democrático, dice la Jufed, la propuesta de elegir juzgadores mediante el voto popular instituye un mecanismo que facilita la cooptación institucional por parte de intereses políticos, económicos y criminales. Y recordó que la reforma entregará la justicia federal a grupos que no buscan impartir justicia, sino manipularla a su favor (lo cual había sido ya alertado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtiendo que se trata de un proceso de elección judicial sin garantías de imparcialidad que constituye una evidente regresión democrática), y recordó también que el ex embajador estadunidense Ken Salazar había dicho que los carteles de la droga podrían infiltrarse con mayor facilidad en el sistema judicial mexicano.
Pese a todo, el lopezobradorismo se apresta a consumar la dinamitación de la separación republicana de poderes valiéndose inclusive de gerifaltes del crimen organizado para promover la asistencia de pobres a los centros de votación.
Uno de ellos, descrito hace tres años por el ex secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval como líder de la narcobanda tamaulipeca Columna Armada Pedro J. Méndez, fue exhibido por la reportera Miriam Moreno el pasado viernes en el noticiario de Ciro Gómez Leyva tirando línea a ejidatarios para que vayan a votar si no quieren que se pierdan los apoyos sociales…
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