Apenas 10% de lo que concentran los 374 fideicomisos sin estructura homóloga a la de la administración pública que el gobierno federal puso en la mira
Hace un mes, el Bloque de Contención —¿o la contingencia sanitaria?— frenaron la intentona del Ejecutivo federal de reconducir el Presupuesto. Ahora, a través de Dolores Padierna, la mayoría morenista en San Lázaro buscará —en un periodo extraordinario que tendría su punto climático a mediados de junio— dotar de más recursos a la Cuarta Transformación.
Una bolsa de 91,000 millones de pesos, de acuerdo al polémico paquete de reformas —que modificaría 14 leyes y abrogaría otra—, que extinguiría a 44 fideicomisos y establecería nuevas reglas para cuatro fondos, entre ellos aquellos destinados para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el de Financiera Rural.
Apenas 10% de lo que concentran los 374 fideicomisos sin estructura homóloga a la de la administración pública que el gobierno federal puso en la mira.
Las primeras reacciones en contra de la propuesta de la vicecoordinadora de la bancada morenista provienen de priistas —que se oponen a la desaparición del Fonden— y de un amplio sector de la comunidad cultural, con el director Guillermo Del Toro como potente vocero, que ven al Fidecine en riesgo.
El Fondo de Financiera Rural es el patrimonio de la ahora Financiera Nacional para el Desarrollo y cuando fue instituido, en tiempos de Agustín Carstens como secretario de Hacienda —José Antonio Meade fue el director fundador—, tuvo una aportación original de casi 16,000 millones de pesos. Luego de un año de pérdidas e incremento de cartera vencida, actualmente concentra 30,000 millones de pesos. Si cambian la ley, ¿desaparecerá la FND o finalmente se fusionará con Aserca, Firco y Agroasemex, como busca el secretario Víctor Villalobos?
La propuesta morenista busca dotar de los recursos suficientes al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la crisis económica y mitigar los efectos económicos y en la salud derivados del impacto del Covid-19.
Ante las reacciones adversas, los coordinadores de las bancadas mayoritarias en el Congreso de la Unión —el senador Ricardo Monreal y el diputado federal Mario Delgado— han prometido que revisarán la propuesta. Pero el trámite legislativo para sancionarla ya está en curso.
Y los legisladores morenistas deberán cabildear a favor de la propuesta. Desde ayer circulan dos documentos, con los argumentos de defensa: el gobierno federal necesita recursos suficientes —es la idea ancla— y destinarlos a lo que verdaderamente importa: el bienestar de las familias.
Tales recursos se podrán orientar hacia la reactivación económica y la atención de la salud, pero sobre todo servirán para sostener las acciones y programas prioritarios de la Cuarta Transformación, a saber: pensión universal para adultos mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y demás, que ahora “son pertinentes y necesarios en el contexto en el que se encuentra el país con motivo del contexto económico global y de la pandemia”, de acuerdo a los documentos a los que se tuvo acceso.
Garantizar los programas de la 4T, sí, pero también acabar con la opacidad, la falta de transparencia y la rendición de cuentas de los fideicomisos públicos.
Efectos secundarios
CERRAZÓN. A la puerta del senador morenista Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara alta, también han tocado los líderes de la Asociación Mexicana de Metrología, la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación en Auditoría Ambiental, y del CISSET Laboratorio, entre otros organismos, para exponer sus puntos de vista, ya que se consideran en riesgo de desaparecer o sufrir daños por una competencia desleal, debido a que el proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad establece que el Estado retomará algunas actividades para comprobar el cumplimiento de las NOM, inclusive que realizará una acreditación directa a los organismos que evalúan éstas, lo que lo convertiría en juez y parte. A la fecha hay 1,984 laboratorios de pruebas; 901 de calibración; 2,931 unidades de verificación u organismos de inspección privados y 318 organismos de certificación, mismos que estarían en riesgo.
PUENTE AÉREO. En su comparecencia online ante senadores de todos los grupos parlamentarios, el secretario Marcelo Ebrard Casaubón dio cuenta del cumplimiento del encargo, para garantizar la adquisición de insumos y equipo médicos necesarios para que el sistema de salud enfrentara la emergencia sanitaria, que incluyeron los puentes aéreos con Estados Unidos y China, donde contactó a una empresa comercializadora para adquirir todo lo necesario. Finalmente, ayer
se relevó que 200 ventiladores invasivos 502S fueron recibidos por el ISSSTE hace una semana. Los aparatos, procedentes de Shanghai, llegaron antes de lo esperado gracias a las gestiones de la Cancillería, reconoció el director general de la institución, Luis Antonio Ramírez Pineda.
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