Los magistrados de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves decidieron no imponer sanción al excomisionado del Inai
Óscar Guerra Ford , economista de formación, había cumplido dos sexenios como integrante del pleno de dos órganos garantes de la transparencia y acceso a la información. En una primera etapa sirvió en el Info-DF —del que fue presidente— y de allí brincó al Inai, donde fue comisionado hasta el 2022 y enseguida fue designado secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.
Hasta noviembre del 2023, cuando fue obligado a renunciar. Los comisionados del Inai habían dado vista al Órgano Interno de Control de las denuncias periodísticas que lo señalaban por haber efectuado diversos consumos irregulares con la tarjeta de crédito corporativa que tuvo asignada mientras cumplió su mandato como integrante del Pleno; entre ellos, dos pagos en un centro nocturno.
Además del linchamiento mediático, Guerra Ford fue sometido a una indagatoria por el OIC que acusó de abuso de funciones, por haber realizado 34 gastos en conceptos no permitidos —“excedentes en alimentos y gastos realizados en días inhábiles o festivos— cuya comprobación fue realizada fuera de los plazos establecidos por la norma. De estos consumos, pudo hacer 28 reintegros posteriormente y seis quedaron pendientes.
Tras de examinar las pruebas presentadas por las partes —incluida la solicitud de Guerra Ford para que sobreseyeran el caso, por prescripción— la magistrada María Ozana Salazar Pérez no acreditó que el imputado hubiera incurrido en el tipo administrativo de abuso de funciones. Y en particular determinó que la autoridad investigadora del Inai no indicó cuál era la función de la que el presunto responsable se valió para realizar las conductas que se le atribuyen y en qué ordenamiento legal se encontraba dicha función.
“(El OIC) no indicó de qué funciones se valió el presunto responsable para realizar los 28 reintegros, así como la función que dejó de cumplir al momento de no realizar el pago de la actualización de los reintegros que realizó, así como de los seis pagos que no había reintegrado ni pagado la actualización correspondiente”, dice el resolutivo de la magistrada Salazar Pérez.
Los magistrados de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves decidieron no imponer sanción al excomisionado del Inai. Fue una votación 2-1, con el disenso del magistrado Juan Carlos Reyes Torres , quien solicitó que su voto particular fuera incluido en la sentencia.
“En el caso, para acreditar el elemento conductual no es necesario que en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa se mencione que el presunto responsable tenía dentro sus facultades la de: realizar los 28 reintegros o los pagos con las actualizaciones correspondientes, pues sería imposible que alguna normatividad contenga dicha conducta, al ser precisamente esa la conducta arbitraria, además de que la misma no fue realizada en el marco del desempeño de sus funciones, sino por actividades subyacentes al cargo que prestaba”, rubricó.
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