La libre designación resultó, laboralmente, el peor de los escenarios. Y es que aquellos que aspiran a integrarse a la Agencia para la Transformación Digital o en el nuevo órgano regulador, tendrán que renunciar a su puesto actual y por ende, a la indemnización
Entre los órganos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenía la nómina más abultada: 1,244 trabajadores, casi 400 más que el Inai y el triple que el Coneval. Así lo ameritaba la naturaleza de sus funciones: las sesiones del Pleno, las actividades de la secretaría técnica, el OIC y la coordinación ejecutiva, el Centro de Estudios, y el personal adscrito a la autoridad investigadora.
La reforma constitucional y la consecuente legislación secundaria dejó a salvo —en teoría— los derechos laborales de las instituciones extintas. Las plantillas laborales del Inai y del Mejoraedu, no obstante, recurrieron a la resistencia civil para reclamar su pago de marcha.
Entre sus transitorios, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión incluyó un artículo —el Noveno— para establecer un plazo perentorio de la relación laboral: a más tardar el último día de sus funciones, el IFT tiene que cubrir los pagos de finiquitos y liquidaciones. Los recursos quedaron garantizados.
Tras de su dictaminación en la Cámara baja, el senador morenista Javier Corral tramitó una reserva sobre ese transitorio que precisó que solo aquellos empleados con “estabilidad laboral” dentro del IFT tendrían derecho a ser indemnizados, en función de la fecha de incorporación al servicio profesional. Aquellos que no incurrieron en ese supuesto causarán baja al momento de la extinción del organismo y serán finiquitados.
Decretada la modificación, el 30 de junio, el comisionado presidente del Instituto, Javier Juárez Mojica, informó que el personal de libre designación quedó marginado, por el artículo noveno transitorio. Se trata de 250 trabajadores —casi 20% de la plantilla laboral— que no solo son mandos medios y de alta dirección (los comisionados tendrán una liquidación aparte), sino que incluye diversos puestos administrativos operativos tales como mensajeros, choferes, enlaces, jefes de departamento, subdirectores y directores de área.
La mayoría, con una antigüedad mayor a cinco años, habían ingresado al Instituto tras de aprobar las evaluaciones del servicio profesional de carrera. Todos, con nombramientos definitivos e integrados al servicio profesional del Instituto que no pertenecían a una organización sindical.
“Más que trabajadores de confianza, se trata de personal cuya selección corresponde a criterios de confiabilidad, flexibilidad organizacional o necesidad de aptitudes técnicas específicas, y cuyas funciones en muchos casos son de naturaleza estratégica o sensible para el Instituto, como ocurre con la investigación de prácticas anticompetitivas o la prevención y sanción de faltas administrativas”, argumentó un grupo de los excluidos del paquete indemnizatorio, conformado por tres meses de sueldo, más 20 días por año trabajado dentro de la institución.
La libre designación resultó, laboralmente, el peor de los escenarios. Y es que aquellos que aspiran a integrarse a la Agencia para la Transformación Digital o en el nuevo órgano regulador, tendrán que renunciar a su puesto actual y por ende, a la indemnización.
En la ATD ya hay un reclutamiento en marcha, que descarta a los exempleados del IFT. En el primer semestre de este año, administrativamente, José Antonio Peña Merino y su equipo de colaboradores quedó adscrito al Promtel, un organismo descentralizado de la SICT que en el papel se encarga de la promoción de la competencia en materia de telefonía y la socialización del Internet del Bienestar.
Finsus aclara
Sobre el texto titulado “La ruta del dinero”, firmado por Alberto Aguirre, en su columna Signos Vitales, donde expone “un fraude sistémico, sofisticado y silencioso que involucra a otros intermediarios financieros, como Sacbepayment y FINSUS”, me permito aclarar lo siguiente:
1. No existe ningún señalamiento por parte de la autoridad competente que sustente lo que se dice en el texto.
2. Finsus no está involucrado en ningún “fraude sistémico, sofisticado y silencioso”, como se señala en el texto.
3. Finsus es una Sofipo digital que opera a nivel nacional, regulada por la CNBV, no ha recibido ningún tipo de requerimiento por parte de la autoridad competente y ha establecido estrictos controles de seguridad que garantizan su correcta operación.
4. Los señalamientos en el texto referido se hacen sin haber solicitado información a Finsus, lo que habría evitado una publicación incorrecta que confunde a sus lectores.
Reciba un cordial saludo.
Carlos Marmolejo CEO de Finsus
Minuto a minuto
