Cuando todavía no se disipa la fetidez de la marrullera selección senatorial del relevo de Luis Raúl González Pérez en la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Cuando todavía no se disipa la fetidez de la marrullera selección senatorial del relevo de Luis Raúl González Pérez en la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otra sucia maniobra de la 4T se cocina para herir también de muerte al Instituto Nacional Electoral, al pretender que cada tres años se renueve su presidencia y que sea la Cámara de Diputados la que determine quién ocupará ese cargo.
La nueva marranada en ciernes implica una dependencia de los ciclos políticos a la eficiente institución autónoma del Estado mexicano sin la cual serían inimaginables los avances democráticos alcanzados, entre otros el avasallante empoderamiento de Morena y la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador.
De prosperar el atentado, además de nombrar a varios consejeros en virtud de la renovación escalonada de los miembros del Consejo, cada legislatura federal definiría en su trienio quién presidirá el INE.
Todos los consejeros electorales, de 1996 a la fecha, han sido el resultado de consensos y vetos recíprocos; de negociación entre las distintas fuerzas políticas. Y con excepción de los nombrados en 2003 (presididos por Luis Carlos Ugalde), todos tuvieron el consenso de las tres principales fuerzas políticas. El acuerdo inicial ocurrió con la anuencia de los presidentes del PRI, Santiago Oñate; del PAN, Felipe Calderón, y del PRD, Andrés Manuel López Obrador.
Beneficiaros de la garantía democrático-electoral que representa el INE, los morenistas van por el control del Instituto, como han ido al asalto de cuanta institución, autónoma o no, y programas instituidos con éxito durante el satanizado “neoliberalismo”.
La desaseada elección de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH contiene sobrados y escandalosos elementos que anticipan la virtual demolición de esa comisión.
El grave problema ético y político de la relación partidista y personal entre la seleccionada y el presidente de la República pareciera, pero no es el principal inconveniente. Tampoco la fragilidad del argumento de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que prefiere en ese cargo a una activista vulnerada en sus derechos humanos que a especialistas con títulos académicos. Menos inclusive la pedestre negligencia de los escrutadores de la votación en el Senado, cuya ineficiencia y trampas destilaron el veneno de la duda, y ni siquiera que la única experiencia de la ungida sea en desapariciones forzadas, pues éstas figuran entre los múltiples agravios a la dignidad humana de que se ocupa la CNDH.
Lo más preocupante es que tanto la señora Piedra Ibarra como López Obrador ignoren las funciones constitucionales de la Comisión, a la que en sus descalificaciones le reprochan que no haya hecho tareas que corresponden al Ministerio Público (procuradurías y fiscalías).
Peor: ambos comparten la mentira de que en 2006 López Obrador fue víctima de un “fraude electoral…”.
Minuto a minuto
