Lo que se impone a la vista de todos es aquello de “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, porque “mi autoridad moral y política está por encima…”.
El presidente López Obrador concibe así el 2 de junio:
“Va a ser muy importante, porque es más que una elección lo del domingo; es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta. No es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido, no, es elegir el proyecto de nación que queremos…”.
No precisamente: el proyecto de nación está plasmado en la Constitución y el artículo 81 precisa y acota:
La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución.
Si de modificar el proyecto de nación se tratara, con una consulta popular de por medio debiera convocarse a un congreso constituyente.
De tomar en serio sus palabras, la jornada del domingo no será para elegir a la próxima presidenta, sino para reelegirlo (o no) a él.
El disparate se le salió en otra de sus ilegales intromisiones en el proceso electoral, por las que ha sido sujeto de “medidas cautelares” de salva y de saliva por parte de las autoridades electorales.
También se preguntó:
“¿Queremos que el país siga siendo como antes, de un pequeño grupo, de una minoría que engañaba, porque no había democracia, era una oligarquía con fachada de democracia, porque al pueblo no lo tomaban en cuenta?, ¿o queremos que sí, (que) de verdad se establezca en México una auténtica, una verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo…?”.
En marzo de 2006 y en medio del proceso electoral, al entonces presidente se le ocurrió decir:
“México no debe volver atrás; no se cambia de caballo a la mitad del río”, lo que no solo le costó que López Obrador le sorrajara “¡Ya cállate, Chachalaca!”, sino que el Tribunal Electoral resolviera:
“Esta sala superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del Presidente de la República, Vicente Fox, se constituyeron en un riesgo para la validez de la elección que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final…”.
Aquella metafórica y tímida injerencia, por iniciativa del lopezobradorismo, propició los cambios draconianos y mojigatos a las leyes que AMLO debiera respetar.
Hace dos meses acumulaba 330 denuncias por intervenir en el proceso y apoyar abiertamente a su candidata: del total de expedientes, 37 estaban en “etapa de sustanciación”, 127 llegaron a la Sala Regional Especializada del Tribunal y 61 fueron desechados, pero se confirmó que su conducta ha vulnerado los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.
Sin embargo, para efectos prácticos ni el INE ni el Tribunal tienen cómo sancionar al Presidente, por lo que sus violaciones quedan en total impunidad.
Lo que se impone a la vista de todos es aquello de “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, porque “mi autoridad moral y política está por encima…”.
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