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Me preocupan las críticas que se  acumulan sobre el Instituto Nacional Electoral, en los momentos que más necesita el país de su credibilidad.

El anuncio del dineral que recibirán los partidos el año entrante, reaviva la molestia de observadores y ciudadanos. No es para menos. Los  partidos recibirán más de 6 mil millones de pesos, un millón por hora según las cuentas del diario Reforma.

En la irritación que produce ese anuncio, como en muchas otras críticas al INE, se olvida que esa institución no es quien ha creado las reglas del financiamiento electoral. Es solo la encargada de aplicarlas.

Se olvida también que la función total del INE es organizar las elecciones, vigilar que se desarrollen con arreglo a lo previsto por la ley, y contar los votos, con estricto apego a las facultades y los instrumentos que la propia ley otorga al INE.

La organización de las elecciones y el conteo de los votos que lleva a cabo el INE ha sido impecable desde su fundación como IFE. Esta es su tarea fundamental y la ha cumplido a cabalidad, pese a las embestidas de los competidores.

La sociedad y la opinión pública están exigiendo del INE hoy mucho más que el ejercicio cabal de su función primigenia.

Están pidiéndole que arregle lo que no tiene facultades ni instrumentos para arreglar: la fiesta de ilegalidad en que incurren partidos y gobiernos cada vez que hay una elección, los ríos de dinero ilegal que los partidos aceptan y los gobiernos y los privados canalizan a las campañas para obtener triunfos que de origen quedan embargados, en deuda con sus fondeadores.

No es responsabilidad del INE que esa conducta ilegal se haya vuelto la norma y no la excepción de nuestra democracia.

Tampoco es responsabilidad del INE  que los legisladores no le hayan otorgado instrumentos fiscales y judiciales eficaces para castigar ese universo de  ilegalidad. Y le hayan cargado a la institución responsabilidades sin fin.

Entre ellas, la de calcular y anunciar el dineral que según la ley le toca a los partidos. El INE parece entonces parte del juego de dispendio y de ilegalidad  en que incurren partidos y gobiernos, y no lo que es en verdad: su pobre dique.

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