El objetivo es concentrar más el poder presidencial, pero ya vivimos lo suficiente para saber que esas recetas no mejoran, sino caricaturizan la democracia
Ayer se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum el titular de la comisión que elabora la iniciativa de reforma política, Pablo Gómez, para presentarle el proyecto de los cambios constitucionales (que requerirán una legislación aún desconocida).
Dos días antes lo hizo con nueve de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral, que le entregaron 241 propuestas imposibles de ser tomadas en cuenta en 48 horas para lo que se le presentó a la mandataria.
El INE tardó cinco meses en elaborar ese paquete y a Gómez le llevó unos minutos desairarlas.
A los consejeros les comentó no creer en la autonomía de las instituciones públicas (con excepción de las universidades), lo cual despide el tufo del poder presidencial metiendo mano donde no debe.
Si no le gusta que el instituto se gobierne, ¿de quién creerá que debiera depender?
Por si fuera poco, Gómez se burló de los consejeros al decir que es difícil lograr consensos, porque ni ellos los tienen (Dania Ravel y Claudia Zavala no estuvieron presentes ni suscribieron el documento propositivo).
Es muy explicable que en los órganos colegiados haya discrepancias, pero los mejores acuerdos son los que se deciden en consenso. De hecho, sería preocupante que no las hubiera en el INE.
Lo alarmantemente torcido es usar esa pluralidad como coartada para descalificar los consensos legislativos que durante más de 30 años permitieron construir el andamiaje electoral de México.
Y aunque Gómez lo negó, desde hace más de 30 años las reformas político-electorales fueron aprobadas en el Congreso por consenso o aplastante mayoría, como las impulsadas por el lopezobradorismo, cuando exigía reglas claras, autonomía, profesionalismo y árbitros robustos.
Al parecer no desaparecerán los Organismos Públicos Locales Electorales, pero se les asignarán presupuestos franciscanos. Tampoco las representaciones plurinominales, a las que se reducirá el número, y se eliminó la atrocidad de que los consejeros, como los juzgadores, sean electos.
Lo previsible, sin embargo, es que la iniciativa presidencial resulte un bodrio normativo que destruya buena parte de lo alcanzado en la organización y calificación de las elecciones. Nadie sabe en qué terminará el engendro, que contempla adelantar un año la consulta de revocación de mandato y la “elección popular” de más de tres mil 500 jueces y magistrados federales y estatales prevista en la destructiva reforma judicial.
Mezclar urnas políticas con urnas judiciales es dinamita, es inconstitucional, contamina ambos procesos, desnaturaliza la función jurisdiccional, porque las mayorías del obradorato no saben ni lo que aprobaron en la reforma judicial y empuja a los futuros juzgadores al basurero del activismo partidista.
La reforma que viene, lejos de fortalecer las instituciones, las domesticará.
El objetivo es concentrar más el poder presidencial, pero ya vivimos lo suficiente para saber que esas recetas no mejoran, sino caricaturizan la democracia…
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