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Creo que el mal funcionamiento económico del gobierno es un riesgo para la continuidad de los programas sociales.

En algún momento les faltará dinero para esos programas, si lo siguen tirando como con Mexicana (35 mil millones a fondo perdido), si siguen ampliando la deuda billonariamente, pues hay que pagar los intereses, y si la inversión física sigue cayendo como ha caído, lo cual es garantía de crecimiento nulo o negativo.

Crecimiento nulo o negativo quiere decir empleos en recesión, impuestos contraídos, arcas públicas flacas, programas sociales en riesgo.

De por sí los programas sociales están topados, no pueden crecer mucho. Lo ha medido Viridiana Ríos en su columna del lunes en MILENIO: la presidenta Sheinbaum no ha podido ampliarlos como quería. Si le va bien, en sus seis años alcanzará a dispersar “apenas la mitad de lo que logró López Obrador”.

Se agudiza para el gobierno de Sheinbaum un defecto estructural de los programas: no llegaron nunca a los pobres extremos. Siguen sin llegar, aunque en eso está concentrando su esfuerzo el actual gobierno, según Viridiana Ríos.

Aun así, no es muy viable. O lo es con los pobres extremos que viven en las ciudades y en lugares de fácil acceso. No con la mayoría de ellos, que son difíciles de alcanzar e inscribir.

Como vara redistributiva, los programas sociales han alcanzado un techo. En una economía recesiva, su valor en el bolsillo de la gente, y en la popularidad del gobierno, será necesariamente menor, pues no tendrá el complemento de más empleos y mejores salarios.

El efecto de la mejoría de los salarios también va encontrando su techo. Será difícil repetir aumentos reales en el salario mínimo y en el salario medio, sin tener un efecto negativo sobre la economía en su conjunto.

Y luego están Trump y sus golpes convergentes: contra los migrantes, que sostienen parte de la economía popular mexicana, y contra la economía informal que depende del lavado de dinero que circula por bancos de México.

Los programas sociales no son una variable autosubsistente de las finanzas públicas.

No basta que el gobierno diga “eso no se toca”. Tiene que garantizar que el dinero esté ahí.

Es claro que no estará si lo sigue tirando como lo tira.