Imprudente para su causa, el búmeran Monreal debiera servir para que la señora renuncie y se devuelva su respetabilidad a la CNDH.
Al advertir que los gobernadores y alcaldes que no acaten las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos serán sujetos de “juicio político”, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, coloca en la picota a los secretarios de Bienestar, María Luisa Albores González; de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez; a la presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Rocío García Pérez, y al comisionado nacional de Mejora Regulatoria, César Emiliano Hernández Ochoa, quienes han desestimado la que generó la institución durante la gestión de Luis Raúl González Pérez a propósito de la cancelación del Programa de Estancias Infantiles.
El amago a los mandatarios estatales y presidentes municipales del Partido Acción Nacional que desconocen la legalidad del nombramiento de Rosario Piedra Ibarra lo expresó el legislador en términos aplicables al gobierno de la cuarta transformación: “No es correcto, no es una buena idea, ni siquiera es inteligente, menos brillante mandar al diablo las instituciones. Todas las recomendaciones tienen que ser atendidas, todas y la autoridad tiene la obligación de atenderlas, nada de que yo no la atiendo, porque incluso incurren en desacato y probable juicio político, tienen que ser llamados a comparecer al Senado. En el caso de que persista el desacato, puede existir incluso juicio político y destitución…”.
Dirigida contra 10 gobernadores y 399 alcaldes panistas que por lo pronto no han recibido recomendación alguna de la nueva administración de la CNDH, la amenaza de Monreal aplica, hoy por hoy, a los cuatro funcionarios mencionados, porque no solamente han desoído a la Comisión en su requerimiento de razones jurídicas fundadas (no ideológicas) para desdeñar sus observaciones a favor del derecho superior de la infancia consagrado en la Constitución, sino porque están en abierto desacato a las órdenes del Poder Judicial, donde han prosperado las demandas de amparo de la justicia federal a las estancias y a las niñas y niños privados de recursos presupuestales.
En desacato, asimismo, estarían los diputados (la mayoría morenista) que privaron del dinero que se asignaba al exitoso Programa y destinaron la mitad para repartirlo como limosna a las madres necesitadas.
Y en última o primera instancia, en la misma falta se encuentra el Presidente de la República.
Algo más de mil 500 personas ganaron en tribunales 700 suspensiones definitivas y 84 juicios de amparo. Ni uno solo ha sido acatado.
En varias entidades federativas, y de manera sobresaliente en Chihuahua y Puebla, ya se turnaron al Ministerio Público 36 denuncias penales contra los secretarios de Bienestar y Hacienda, así como los titulares del DIF, la Conamer y los respectivos superdelegados.
Imprudente para su causa, el búmeran Monreal debiera servir para que la señora renuncie y se devuelva su respetabilidad a la CNDH.
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