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El anuncio de que en pocas semanas el ex Secretario de Hacienda y excandidato presidencial del PRI José Antonio Meade se incorpora al directorio del británico HSBC, aunque no en su filial en México, avivó el tema de una veda a los exfuncionarios.

Aprovecharon en Palacio Nacional para apurarle a la iniciativa en el Congreso, mediante la cual, los exfuncionarios del gobierno federal tendrán prohibido durante diez años ocupar un puesto en el sector privado que medianamente se relacione con su tarea gubernamental.

Aquí se ha calificado tal iniciativa como un despropósito. Se dice en Palacio que los funcionarios deben “hacer alcancía” para poder mantenerse durante una década. Difícil ganar lo suficiente para tal ahorro. No con tanta austeridad. ¿Entonces?

Violan la ley, acusan, ¿y los amparos?

Recientes acciones del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador han sido descalificadas porque se ha concluido que son violatorias de la ley, como sería el caso de las consultas populares, pues no se ha reformado aún la Constitución.

Igual, advierten que es ilegal la supresión de los recursos para las estancias infantiles o para los programas de protección a mujeres en condición de extrema vulnerabilidad, porque se desvían partidas presupuestales a otros fines.

Hay muchas reclamaciones, manifestaciones, quejas y protestas; pero hasta el momento nadie, hasta hoy ha presentado una demanda jurídica contra tales acciones lopezobradoristas, como sería la solicitud de un amparo. Al menos nadie quiere ser el primero, o la primera.

Justicia: basta con un “errare humanum est”

En Michoacán, en uno de tantos enfrentamientos entre militares y policías estatales contra las bandas criminales, hubo muertos, entre ellos un teniente coronel que iba al mando del operativo y se persiguió a los delincuentes que sobrevivieron a la balacera.

Se logró la detención de cuatro delincuentes, los cuales fueron traslados para ser presentados ante un juez de control, como parte del farragoso sistema penal que tenemos, pero el juez no sólo liberó a los detenidos, sino que ahora acusa a soldados y policías de haber maltratado a los detenidos.

El rigorismo garantista del juez habla de visiones dispares entre la procuración y la administración de justicia. La liberación de presuntos culpables de matar a un mando militar no es el mejor mensaje para la que dicen será nueva estrategia contra las bandas criminales. Si no hay criterios comunes, apaguen y vámonos.

NOTAS EN REMOLINO

Ha sonado la alerta en el gobierno federal, pues a pesar de la “consulta popular” por la termoeléctrica de Huexca, Puebla, ya se dejó sentir la impresión que hubo un mal cálculo sobre la dimensión de la resistencia. Y, dicen, podría complicarse… Si no se manda un mensaje más equilibrado en materia de finanzas públicas, no se calmará a las agencias calificadoras, pues si bien son muy perversas, también sus calificaciones pesan – y mucho-, en el ánimo de los inversionistas… Sería un salto al pasado que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación traten de probar que lo que dice la ley sobre un mínimo de 3 por ciento de la votación para que un partido retenga el registro, puede ser interpretado. O sea, decir tres por ciento no necesariamente significa tres por ciento, no en el caso del PES, el aliado de Morena… Ya estuvo en Palacio Nacional el director del CRE Guillermo García Alcocer. Otro más que se vuelve razonable, dijeron… Por cierto, renunció el Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Gaspar Franco Hernández. Uno más que deja el espacio libre… El obsesivo deseo de complacer llevó al Secretario de Turismo Miguel Torruco al forzar al Senado a exhortarlo a retirar el supuesto spot turístico, mal hecho spot de ilegal propaganda partidista… Ya fijaron reglas para las acreditaciones de reporteros a Palacio Nacional.

Piden requisitos que jamás se habían pedido. O sea, que la acreditación hay que ganársela. Bueno…