¿Sabrá, por cierto, que el dictamen aprobado por sus legisladores sugiere que los aspirantes a jueces, magistrados y ministros sean tan mediocres que requerirán de “cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad”?
Para el presidente López Obrador, el paro de los más de 53 mil trabajadores y mil 700 jueces y magistrados del Poder Judicial federal es “una huelga” de “paleros” de la corrupción.
Considera que “a la mayoría de los mexicanos no les va importar” la protesta y celebra:
“Yo les diría con toda franqueza y también respeto que hasta nos va a ayudar, (porque) si no están los jueces, no están los magistrados, no están los ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van dejar libres a delincuentes del crimen organizado y, como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco va haber libertad para delincuentes de cuello blanco”.
Hilarante comentario carente de sentido y excedido de ligereza, porque no se sabe de un solo criminal “de cuello blanco” que haya sido liberado, entre otras razones, porque ninguno ha ido a la cárcel durante su gobierno, por más que injurie a la clase empresarial:
Lamenta que los consejos Mexicano de Negocios y Coordinador Empresarial (como también la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Conferencia del Episcopado Mexicano) “estén pidiendo que se viole la Constitución” para que el oficialismo no se agandalle una inconstitucional sobrerrepresentación en el Congreso.
Según él, “están descarándose, están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico Estado de derecho, quieren un Estado de chueco”.
El que dan con su llamado a las autoridades electorales para que no aprueben una mayoría diputadil que anule a la minoría opositora “es un mal ejemplo”, porque quieren “tener a su servicio a ministros para que no paguen impuestos, para que mantengan sus monopolios, para proteger intereses facciosos, y todo en contra del interés general: tener un Poder Judicial que esté al servicio de una minoría rapaz y no un Poder Judicial al servicio de todo el pueblo”.
¿Quién le habrá dicho que la impartición de justicia debe estar “al servicio de todo el pueblo”, si de lo que se trata es de aplicar las leyes y los fallos judiciales invariablemente benefician o perjudican a los actores (personas físicas o morales) de cualquier litigio?
“Es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros (…). Son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte. No quieren que se aplique la Constitución y se apliquen las resoluciones que se han hecho con anterioridad. ¿Por qué desean que no se modifique la Constitución…?”.
La respuesta es diáfana, porque la reforma que se empeña en imponer dinamita a uno de los tres Poderes de la República.
¿Sabrá, por cierto, que el dictamen aprobado por sus legisladores sugiere que los aspirantes a jueces, magistrados y ministros sean tan mediocres que requerirán de “cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad”?
Más difícil la tienen quienes aspiran a una jefatura de manzana…
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