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La fase destructiva de la 4T sigue adelante, según lo prometido, sin atisbo alguno de la fase constructiva.

Anteayer le tocó el turno a las rondas previstas de licitaciones energéticas y ayer se anunció la demolición, a todo trascabo, de la reforma educativa. Aunque se vocea como un hecho cumplido, la demolición depende todavía de una reforma constitucional que derogue la ley educativa vigente. En particular, dos de sus figuras.

La primera es el Servicio Profesional Docente, cuyo mandato es evaluar las habilidades magisteriales antes de abrir la puerta al ingreso o a la promoción escalafonaria de los maestros.

El Servicio Profesional Docente regresará a los moldes de la Carrera Magisterial, cuyo desprestigio político y administrativo quería corregirse: un retroceso en toda forma.

La segunda figura clave a demoler es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, organismo autónomo, hasta ahora, pensado para ser una especie de Inegi, capaz de medir y publicar, con independencia y regularidad, el estado que guarda la educación pública.

El INEE conservará una entrecomillable “autonomía técnica”, pero regresará también al molde burocrático donde estaba antes: los pasillos de la SEP. En esos dos instrumentos parece concentrarse la convicción demoledora del nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque, a juicio del Presidente, los modos y las normas de evaluación del Servicio Profesional Docente tienen un carácter “punitivo”.

Y porque las mediciones técnicas del INEE lo convierten, en el espíritu evaluador de la reforma, en un instrumento “persecutor”.

Se entiende que desestime el valor de la evaluación un gobierno que quiere crear 100 universidades donde lo importante no debe ser que los muchachos aprendan, sino que asistan.

Se entiende también que un presidente decidido a cumplir sus promesas de campaña, quiera cumplirlas rápido para cosechar a la brevedad los laureles de la congruencia. Pero luego de entender estas cosas, lo único sensato que puede decirse de la demolición anunciada es que se trata de otra cirugía con machete, prometida al calor de la campaña para ganar clientelas impresentables, como la CNTE, y anunciada desde el gobierno sin evaluación ninguna de los matices ni de las posibles ventajas de lo demolido.

Otro aeropuerto.